9 de December de 2009 00:00

‘Lo responsable sería archivar el proyecto’

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.Redacción Política

¿Por qué es polémico dentro del proyecto de ley de Comunicación,  el capítulo dedicado a las cadenas nacionales y la concesión de espacios públicos en los medios de comunicación?

Este  proyecto es uno de los más generosos de América Latina en cuanto a la aplicación y uso de este recurso, pues se establecen tiempos enormes para las principales autoridades del Estado sin especificar quienes son ellas. 



HOJA DE VIDA
Mauricio Rodas
Ecuatoriano,  director de la Fundación Ethos (México)  El Modelo  de Gobierno Responsable  ha sido utilizado para evaluar políticas públicas en varios medios de comunicación internacionales. 
¿Qué es lo más grave?

Que se deja la puerta abierta para que un sinnúmero de funcionarios pueda utilizar las cadenas hasta 20 minutos al mes.

¿Con este esquema    se podría decir  que un canal de tv pudiera llegar  a difundir  propaganda  política todo el día?

Sí porque no se establece con claridad las autoridades que pueden utilizar las cadenas.  La ley debe ser mucho mas precisa para evitar que los medios sean usados con fines  proselitistas. Yo creo que hemos confundido el sentido de las cadenas. La mayoría de los gobiernos recurren a este elemento de forma extraordinaria, cuando sucede un caso extremo.

¿En qué naciones  se recurre menos a este elemento que Ecuador?

En Venezuela, Hugo Chávez, entre  1999 y  noviembre de 2008,  ha realizado 195 cadenas nacionales al año. En Ecuador, en lo que va de  este año, el Gobierno Nacional   ordenó 196; casi todas han sido del Poder Ejecutivo. El presidente mexicano Felipe Calderón emitió 20 espacios,  de los cuales,  dos fueron para explicar el surgimiento del virus AH1N1.
 
Bajo esa óptica  ¿solo los medios  de comunicación públicos debieran  asumir esa labor de difusión  estatal?

Estos medios deben satisfacer la necesidad de contenidos que no cumplen los medios privados. Es comprensible que se  difunda   información sobre  temas relativos a la gestión pública. No obstante, el proyecto aprobado por la Comisión ocasional difiere del modelo de gobierno responsable, puesto que   se aleja de la posibilidad de no utilizar los recursos del Estado para
fines proselitistas.  

¿Usted cree que la Asamblea debe corregir este tema dentro del proyecto de ley?

Este proyecto, tal como está planteado, no tiene arreglo porque su estructura es equivocada y difiere de los parámetros de responsabilidad.  Atenta contra  los derechos de los ciudadanos y la libertad de expresión. Por eso creo que debe ser archivado.
 
¿Qué  otros aspectos   se deberían  regular en la ley?

El contenido de las cadenas debería  ser estrictamente informativo. Ese punto    debe constar  en la ley.  El lenguaje    no debe ser violento y utilizado para ataques políticos. Tampoco  para    atentar contra los derechos de las personas.

Seis  temas  sensibles del proyecto de ley  no se ajustan al modelo de gobierno responsable

Contenidos: sanción y regulaciones

El Consejo de Comunicación (CC) podrá amonestar, multar, suspender e incluso clausurar medios por los contenidos que difundan.La existencia de un órgano controlado potencialmente por una mayoría gobiernista  representaría un atentado a la libertad de expresión y los derechos fundamentales de los ciudadanos, contrariando las garantías consagradas en la Constitución y los tratados internacionales. Las atribuciones sancionadoras del CC,  muchas en relación con  causales poco precisas, le dan un amplio margen de discrecionalidad para interpretar infracciones y eventualmente silenciar medios cuyos contenidos no se adhieran a lo que el oficialismo juzgue adecuado.   
 
Regulaciones para la publicidad estatal

La única regulación relativa a la publicidad estatal en este proyecto de ley de Comunicación señala que esta  no se podrá difundir durante épocas electorales, salvo casos de calamidad pública . Si bien  esto resulta  positivo, no se contemplan otras regulaciones necesarias para evitar que con este tipo de publicidad se utilicen recursos del Estado para propósitos políticos o proselitistas.
La publicidad estatal debe estar normada para tener un carácter exclusivamente informativo, estableciéndose que a través de ella no se podrá hacer referencia a autoridades, partidos o símbolos con los que se influya políticamente a la población, so pena de sancionar a los responsables.
 


Registro de medios y  su  funcionamiento

En el proyecto se exige a todos los medios de comunicación obtener un registro ante el CC, órgano que tendrá la facultad tanto de cancelarlo, como de obligar su renovación con una periodicidad no determinada. Un registro que puede ser cancelado por el CC, con  base en causales que no se establecen con claridad o cuya renovación puede ser exigida en cualquier momento, podría ser utilizado como instrumento de intimidación constante hacia los medios que no comulguen con la línea oficialista, mermando en muchos casos su independencia. Ello  afectaría el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una oferta diversa y no coaccionada de información y entretenimiento.
 
La responsabilidad ulterior y sus alcances

El proyecto señala que la responsabilidad ulterior se aplicará  por la vulneración de los derechos de comunicación establecidos en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley. Esta disposición, insólita en el contexto latinoamericano, implicaría la aplicación de la responsabilidad ulterior para un sinnúmero de infracciones que constan en el proyecto de ley y que estarían sometidas a sanciones administrativas, lo que en la práctica operaría como un acto de censura previa. Aquello atenta contra la libertad de expresión y demás derechos de comunicación consagrados en la Constitución y de manera particular lo previsto en el art. 13 de la Convención Americana sobre DD.HH.

Obligatoriedad del título académico

El proyecto establece que las direcciones editoriales y la elaboración de noticias a deberán estar a cargo solo de periodistas profesionales o comunicadores sociales titulados. La obligatoriedad de contar con un título académico para ejercer determinadas labores en los medios representa un acto discriminatorio que atenta contra los derechos de comunicación de los ciudadanos. Recabar información y difundirla es un derecho fundamental que no puede ser limitado por la exigencia de un título, y así ha sido reconocido por las legislaciones de  Argentina, Costa Rica, EE.UU., El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Rep.  Dominicana, Uruguay y Venezuela.
 

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