Responsabilidad compartida

Carlos Eduardo Bustamante S.

El conflicto judicial desarrollado en la provincia del Guayas, entre jueces, fiscales y policías, presupone el nacimiento de una obligación y como consecuencia de una responsabilidad compartida que las enfrenta antagónicamente. A cada una de las instituciones les contemplan obligaciones y responsabilidades a cumplir estrictamente. Así, la Policía Nacional, no deliberante, alejada totalmente de la política, sujeta estrictamente a la Constitución y leyes propias, tiene como misión principal el garantizar el orden interno y la seguridad individual y social; y, específicamente la Policía Judicial  como cuerpo auxiliar y bajo control del Ministerio Público el  investigar los delitos de acción pública de instancia oficial y de instancia particular.  El Ministerio Público a través de los fiscales en tanto, tiene como misión dirigir con objetividad y ética la investigación del delito y, a nombre de la sociedad, acusar a los responsables, proteger a las víctimas y garantizar los derechos humanos.

La Función Judicial, independiente, sujeta a los principios de imparcialidad, responsabilidad, dispositivo, de inmediación y concentración, gratuidad, unidad jurisdiccional, entre otros, tiene a su cargo el resolver  las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, la ley, y los méritos del proceso. Hechos como los sucedidos transparentan incoherencia, la inexistencia de una política criminal ordenada, responsable, que se traduce en una confusión e inseguridad generalizada  que infiere daño a la sociedad, provocando un galimatías del cual salen beneficiados lamentablemente personas que encuadran su accionar y comportamiento en hechos antijurídicos. 

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