4 de junio de 2018 15:34

Cpccs cesa a Gustavo Jalkh y a 4 vocales del Consejo de la Judicatura

Segunda parte de la sesión
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Redacción Política

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Transitorio resolvió este lunes, 4 de junio del 2018, cesar al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, y a cuatro vocales del organismo, por incumplir todos los parámetros de la evaluación efectuada por la entidad. 

La decisión se tomó por unanimidad y el Consejo de Participación dispuso que "se continúe con la investigación de las denuncias presentadas durante el proceso". 

El Cpccs transitorio resolvió cesar a los cinco funcionarios porque "se ha comprobado que los vocales del Consejo de la Judicatura permitieron que estos conflictos de intereses intercedan en la ejecución de sus funciones. Pues ejercieron sus funciones con el objetivo de interferir en la administración de justicia para favorecer intereses de las demás funciones del Estado. La interferencia por parte del Consejo de la Judicatura ha sido sistemática. El Pleno ha encontrado irregularidades en la ejecución de tres facultades principales de los vocales: selección, evaluación y destitución de los servidores judiciales. Con lo cual el Pleno concluye que los vocales del Consejo de la Judicatura ejercieron un régimen de control direccionado a beneficiar intereses particulares. El Pleno resalta la gravedad del incumplimiento por parte del Consejo de la Judicatura, pues en definitiva con esta interferencia se vulneró el derecho de los ciudadanos a una correcta administración justicia permitiendo que los actos de administración pública no sean fiscalizados por parte de autoridades independientes".

Primera parte se la sesión


La resolución se tomó luego de más de cinco horas de duración de la reunión. La demora se debió a la lectura de la resolución de la evaluación, que tenía 164 páginas. El documento se dividió en los cinco parámetros considerados para el proceso. Estos se subdividen en 21 indicadores.

En el primer punto de la resolución se indicó que el proceso de evaluación es válido por la aprobación del referendo del 4 de febrero. En el anexo de la pregunta 3 de esa elección se estableció la creación del Consejo transitorio y se le otorgó las facultades de evaluar a las entidades de control y, de ser necesario, cesar a las autoridades.

Se añadió que en el proceso de evaluación, el Cpccs receptó 882 denuncias en contra de la Judicatura y que estas fueron sistematizadas y se pusieron a disposición de las autoridades de la evaluación. Sin embargo, la Judicatura respondió que se vulneró el derecho al debido proceso ya que esas denuncias carecieron de formalidad al no tener firma de responsabilidad.

Pero, en la resolución se indica que no se puede dejar sin efecto las denuncias sin autor porque se estarían violando instrumentos internacionales que garantizan la posibilidad de hacer denuncias anónimas para que el Estado pueda ejercer su obligación de lucha contra la corrupción.

Respecto a la evaluación se recordó que se la hizo con base a los parámetros de legitimidad del cargo, cumplimiento de funciones, gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana.

En el primer parámetro se determinó un incumplimiento ya que uno de los criterios se refería a la independencia de la autoridad que realizó el nombramiento de los vocales del CJ. Sin embargo, según la evaluación el Cpccs que llevó ese proceso no era independiente del Ejecutivo, liderado en ese momento por el expresidente Rafael Correa.

Además, se determinó que los vocales de la Judicatura tenían conflicto de intereses para ejercer sus cargos. Por ejemplo, en el caso del presidente Gustavo Jalkh se estableció que incumple el primer parámetro por su cercanía y amistad con el expresidente Rafael Correa ya que antes fue su secretario particular, ministro de Gobierno, ministro de Justicia, primer representante suplente del parlamentario Freddy Elhers.

Otra de las conclusiones del informe es que las autoridades de la Judicatura establecieron un régimen de control de forma direccionada para favorecer intereses de otras funciones del Estado.

También determinó el incumplimiento del principio de transparencia por parte del organismo por mostrar inconsistencias en la información pública, abuso a la Ley y tolerancia ante conductas antiéticas.

El Consejo de Participación Transitorio expuso este 4 de junio del 2018 el informe de evaluación al Consejo de la Judicatura. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

La sesión se inició a las 10:00, en el Teatro de la Universidad Central, en el norte de Quito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO


Los evaluados tienen tres días para solicitar la revisión de la decisión. El propio Pleno del Cpccs estará a cargo de analizar este recurso.

Una vez completado ese proceso, la decisión quedará en firme. Según el mandato de evaluación, en caso de una cesación el Consejo tendrá la potestad de encargar esos cargos a cualquier ciudadano.

Los vocales del Consejo de la Judicatura no asistieron a la lectura del informe de evaluación que expuso este 4 de junio del 2018, el Consejo de Participación transitorio. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO
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