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Pese a la resolución de la Corte, 
la oposición piensa en la consulta

El Pleno de la Corte Constitucional sesionó desde el jueves en el Hotel Wyndham, en Guayaquil. Ayer resolvieron el pedido de enmiendas a la Carta Política.
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Reds. Política y Guayaquil (I)

politica@elcomercio.com

En menos de 24 horas, los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC) llegaron a una decisión: 16 de las 17 propuestas de cambios constitucionales que impulsó Alianza País se tramitarán en la Asamblea y no habrá consulta popular.

La sentencia fue anunciada la tarde de ayer, 31 de octubre, en Guayaquil, donde la Corte sesionó desde el jueves. El presidente del organismo, Patricio Pazmiño, reveló el fallo en una rueda de prensa que duró menos de cinco minutos.

“Entregamos al país esta decisión, absolutamente convencidos que nuestra decisión ha sido objeto de análisis, razonamiento y fundamentación, que estimamos los más pertinentes y que son correspondientes a la normatividad vigente, a los estudios y análisis de convencionalidad, y que busca garantizar y proteger los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos”, sentenció Pazmiño antes de la lectura del dictamen.

La reelección indefinida, la comunicación como servicio público, la limitación del rol de la Contraloría y las otras 13 propuestas fueron calificadas como enmiendas, lo que descarta la posibilidad de una consulta popular al respecto.

Guillermo Lasso

Solo una de las 17 peticiones del oficialismo fue rechazada: la que buscaba frenar el “abuso” de la acción de protección, una de las garantías constitucionales. En ese caso, la CC determinó que se debería tramitar a través de una Asamblea Constituyente.

Cumplida casi en su totalidad las aspiraciones de Alianza País (AP), ahora, el tema pasa al terreno de la Asamblea, que tiene mayoría oficialista. Según la presidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, se espera que el primer debate se cierre antes del fin de año.

El primer paso es que la sentencia sea notificada a la Legislatura, con lo que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) debe convocar a una comisión especializada ocasional que analice las propuestas de enmienda y elabore el informe para primer debate en el Pleno.

Virgilio Hernández (AP), miembro del CAL, señaló que el Consejo está convocado para el martes de la próxima semana para tratar otros temas, pero no descartó que analicen la sentencia de la CC si son notificados. “No creo que el mismo martes haya una decisión”, añade.

La ley no establece cuántos miembros deberá tener la comisión especializada. Según Hernández, esta mesa debería establecerse con un 10% del Pleno de la Asamblea y mantenerse la proporcionalidad de fuerzas.

Por esta razón, el asambleísta Luis Fernando Torres (Creo) cree que la mayoría de miembros de la comisión será de Alianza País. “La CC se convirtió una vez más en el brazo jurídico y político del Régimen. Con esta decisión, consolida la posición del Régimen para que la reelección indefinida se haga dentro de las cuatro paredes” del hemiciclo legislativo, señala.

Torres además dijo que la decisión sobre la acción de protección es una “jugada”, porque con este fallo es muy difícil que el oficialismo impulse una Asamblea Constituyente para limitarla.

Las propuestas de consulta popular para frenar la reelección indefinida toman nuevos tiempos. El excandidato presidencial Guillermo Lasso, quien impulsa una de las consultas, dijo que pedirá la próxima semana los formularios al Consejo Nacional Electoral para comenzar la recolección de firmas.

La reelección indefinida
Alianza País busca que la Constitución permita la reelección indefinida y consecutiva de todas las autoridades de elección popular. Esta opción le otorgaría al presidente Rafael Correa la posibilidad de permanecer cuatro años más en el poder. El argumento del Mandatario para no pasar este tema por una consulta popular es que serán los votantes quienes deberán decidir sobre su eventual reelección en los comicios de febrero del 2017.

Los medios
Una enmienda al artículo 384 de la Carta Política pretende que se incluya a la comunicación como un servicio público, tal como ya está establecido en la Ley de Comunicación y que fue ratificado por la Corte Constitucional en su fallo ante las demandas de inconstitucionalidad. El movimiento plantea este cambio para que en su formulación, ejecución, evaluación y control, se garanticen los derechos para el Buen Vivir y la participación ciudadana.

Los  GAD
La enmienda propone que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) ya no se encargue de los temas de salud, educación, seguridad social y vivienda, pues esa es una competencia que la Constitución otorga al Gobierno central. Además, solicita que se cambie el artículo que permite a los GAD llamar a consulta popular sobre cualquier tema, limitando esta potestad para los aspectos en los que tienen competencias.

La consulta
La enmienda propone eliminar la frase “sobre cualquier asunto” en el artículo 104 de la Constitución, que se refiere a la consulta popular de iniciativa ciudadana. Este cambio no está argumentado en el escrito presentado por los asambleístas oficialistas en la Corte, sin embargo defienden que la supresión de esa frase no supone una limitación de los temas sobre los cuales los ciudadanos puede impulsar consultas populares.

Las FF.AA.
El oficialismo propone que las Fuerzas Armadas colaboren en actividades de seguridad integral del Estado. El argumento es que es necesario contar con las FF.AA. para optimizar el uso de sus recursos y así cooperar con la seguridad de manera conjunta con la Policía, “en circunstancias en las que es evidente la amenaza del crimen organizado, delincuencia transnacional y el narcotráfico, entre otros”, según señalan en su argumento.

La Contraloría
La enmienda busca que la Contraloría General del Estado ya no se encargue de realizar auditorías de gestión y de la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado. La propuesta de Alianza País nace, según su documento, sostiene que hay una duplicación de esfuerzos con otros organismos que también tienen como función el verificar el cumplimiento de los objetivos y gestiones de las diferentes instituciones del Estado.

Los sindicatos
Dos artículos de las enmiendas propuestas por el oficialismo proponen que los obreros del sector público, que actualmente están bajo el régimen del Código del Trabajo, pasen a ser funcionarios públicos, bajo el amparo de la Ley Orgánica del Servicio Público. Según el oficialismo, buscan evitar desigualdades en el sistema laboral, entre los obreros del sector privado y los obreros del sector público. Pero los sindicatos ya han realizado reparos.

Los candidatos
Alianza País busca bajar la edad mínima de 35 a 30 años para los postulantes a la Presidencia o la Vicepresidencia. Este cambio en la Constitución jugaría a favor de figuras jóvenes en el partido de Gobierno como Gabriela Rivadeneira o Viviana Bonilla, pero también en opositores como Abdalá Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Según argumentan en AP, es necesario promover la participación de jóvenes.

Los fondos
Es un error tipográfico en la redacción del artículo que se refiere a los fondos previsionales. La Constitución hace el calificativo de “provisional” en lugar de “previsional”. Los fondos a los que se refiere corresponden con la naturaleza del sistema previsional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta es una de las propuestas que no ha generado debate, por tratarse de una obvia equivocación en la redacción de la Carta Política.

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