10 de December de 2009 00:00

Renuncia masiva en el Banco Central

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Redacción Negocios

Una vez más el Banco Central del Ecuador (BCE) está en la mira del Ejecutivo.  Esta vez porque no se repatrió parte de la Reserva de Libre Disponibilidad del exterior, hasta ayer, con el fin de que sea invertida en la banca pública.

El Gobierno tenía previsto  que retornen USD 864 millones de los 2 000 millones que se invertirán  en la reactivación del aparato productivo. Los otros USD 2 000 millones se seguirán invirtiendo en instituciones extranjeras.

Debido a este incumplimiento, Karina Sáenz, gerenta del Banco, y su equipo de técnicos   no tuvieron más opción que presentar su renuncia irrevocable.

Entre ellos están Diego Zapater, subgerente; Gonzalo Lima, director general Bancario;  Pedro Brito, director de Estudios;  Jeaneth Moscoso, directora de Riesgos. Varios de ellos son funcionarios de carrera del ex emisor. 

“Con pena tengo que decirles que les di hasta hoy (ayer) para que transfieran parte de la reserva a la banca pública que absurdamente teníamos afuera”, dijo el Presidente durante la entrega de uno de los edificios del BCE  a la Secretaría de los Pueblos.
Insistió en que después de meses de lucha, “de prácticamente haber escrito lo que se tenía que hacer”, encontró supuestos análisis y estudios que dicen que hay que pedir garantías a la banca pública del 150% y 6% de interés.
 
Para el Mandatario es inaceptable que las reservas se hayan invertido afuera  sin garantías y con rendimientos de miseria, de menos del 1%. Y cuando el Gobierno ordena transferir esa plata para el pueblo ecuatoriano “ahí sí hacen sus análisis sesudos, técnicos, de que se necesitan garantías, tasas del 5% y 6%, como si esa plata saliera de su bolsillo...”.

Reconoció que esto no era culpa de Sáenz, pero consideró que el banco necesita  una reestructuración, pues aún  hay   “burócratas que no entienden y siguen haciendo lo que les da la gana”.   

Estas críticas  tomaron por sorpresa a los funcionarios. Consternada, Sáenz explicó que al ser la primera vez que la reserva se invierte en el país, el proceso  tomó tiempo, aunque ya  se implementó  parcialmente.

Añadió que se  entregaron  USD 50 millones al Banco del Estado, de USD 864 millones previstos, y se abrieron cuentas corrientes para transferirles el dinero.

Aclaró  que las transferencias  de recursos no son  un problema, ya que las inversiones en el exterior se pueden hacer líquidas en pocos minutos para luego canalizarlas a los bancos públicos.  Sin embargo,  durante este  proceso  el Presidente pidió que se cambien las condiciones  de  la inversión.
 
Esto de alguna manera trabó el proceso, pues la Gerencia solo ejecuta las políticas monetarias que emite el Directorio del BCE, el cual es una extensión del propio Ejecutivo (un delegado del Presidente, el Ministro Coordinador de la Política Económica, el Ministro Coordinador de la  Producción, el delegado de las instituciones financieras públicas, el Secretario Nacional de Planificación y el Ministro de Finanzas).

El 18 de noviembre pasado  este organismo, integrado por los ministros del frente económico, se reunió y aprobó que  las garantías sean del 100% al  125%, para precautelar los recursos públicos. 

Estos porcentajes están   en  la Ley de Instituciones Financieras y no llegan al 150%, aclaró Sáenz.  Y para el Banco  de la Vivienda   se acordó aplicar  una garantía del Ministerio de Finanzas.

Respecto a las tasas de interés, se aprobaron  entre el 0,2% y el 4% y no  6%,  como dijo  el Ejecutivo.

“Es lamentable porque no se le dio la información suficiente al Presidente, más bien el equipo ha contribuido a que este proceso se flexibilice”, añadió Sáenz.
Sáenz y  Zapater  coincidieron en que solo el Directorio   puede cambiar las condiciones. Y recién hoy sesionan sus miembros, pues  tres de seis estaban en Venezuela.
Ahora, el  Directorio tiene tres opciones: mantener las garantías de hasta el 125%;  acoger el pedido del Presidente de eliminar todas las garantías.    A decir de Zapater,  esta opción puede ser válida, ya que se trata de instituciones públicas que se alimentan de recursos del mismo Estado.   Y el último mecanismo  que está vigente es que se aplique una  garantía general del Ministerio de Finanzas.

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