Carlos Gaviria, expresidente de la Comisión para la Auditoría Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones
El cierre de las negociaciones del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea (UE) llevó a que Carlos Gaviria, presidente de la Comisión para la Auditoría Ciudadana de los Tratados de Proatección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones, renuncie.
Gaviria es un abogado, profesor universitario, magistrado y político colombiano. Del 2006 al 2009 fue presidente de Polo Democrático, partido opositor al del ex presidente Álvaro Uribe.
La página oficial de esa organización política indicó que ante el anuncio de la suscripción del acuerdo, el próximo año, el exmagistrado colombiano renunció a través de una carta, dirigida al presidente Rafael Correa, exactamente hace un mes.
El funcionario prefirió, en su misiva, indicó que hubo interrogantes al interior de la Comisión con relación al tema, sin embargo, prefirió no hacerlas públicas.
Además, aclaró que tanto los tratados bilaterales de inversión como los acuerdos comerciales son “vástagos de una misma política”.
Cuando se produjo el cierre de las negociaciones para concretar el acuerdo comercial, a mitad de año, Gaviria ya había tomado su decisión de renunciar. Esto debido a que considero que el paso dado por Ecuador solo llevaría a que el informe de la Comisión “le esperara como destino el cesto de las basuras”. Sin embargo, ante el medido de los otros miembros se quedó.
Seis meses más tarde decidió acogerse definitivamente la decisión adoptada.
En la carta enviada a Correa también aclara que otra de las razones que impactaron en él fue la renuencia del Estado a denunciar “varios TBI”, pese que a que “la experiencia del país en el ámbito de tribunales internacionales de arbitraje no solo ha sido onerosa sino nefasta”.
Al finalizar la carta asegura que entiende la situación en la que se halla el presidente Correa, al que le recomienda actuar conforme “a una ética de la responsabilidad, que es la que incumbe al Gobernante”. Él, por su parte, asegura que puede seguir actuando bajo la ética de la convicción.
Finalmente, termina con su renuncia irrevocable.