Redacción Quito
La renegociación del contrato para la construcción del aeropuerto de Quito aborda 14 ámbitos legales. Estos aspectos fueron acordados en el protocolo elaborado por el Municipio, y en el cual también se recogen los criterios de los prestamistas.
En este documento, al cual tuvo acceso este Diario, se expresan los temas que serán debatidos en las rondas de negociación que se iniciaron desde el lunes.
Una de las principales preocupaciones que existe entre los tres actores involucrados: Municipio, prestamistas (bancos internacionales) e inversionistas (concesionaria Quiport) es la titularidad del nuevo aeropuerto.
En 2000, en la presidencia de Gustavo Noboa se expidió el decreto ejecutivo 885, en el cual el Gobierno autoriza al Municipio de Quito la construcción, administración y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Quito, incluyendo las vías de acceso y las obras complementarias. Pero esta figura no sería suficiente porque se trata de un decreto que no forma parte de la Constitución.
Para el alcalde Augusto Barrera, único vocero oficial por parte del Municipio en el proceso de renegociación, esta es la forma más frágil de delegar las competencias. “Es un papel, un decreto ejecutivo que con la misma facilidad que se entrega se puede retirar. Esta es una gran incertidumbre que tienen los prestamistas”. Este ha sido un problema no resuelto desde el año en que se emitió el decreto.
En la renegociación, el Municipio planteará posibles escenarios. Uno sería ratificar la resolución emitida por el Gobierno o establecer el marco jurídico del Distrito Metropolitano, en donde el Cabildo pueda ejercer de manera concurrente la competencia de los aeropuertos.
El segundo aspecto relevante dentro que se plantea en la mesa de aspectos contractuales y legales es analizar cómo afecta al contrato la transformación de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca deQuito (Corpaq) de derecho privado a una empresa entidad pública.
El cambio de derecho privado a público lo realizó el Concejo Metropolitano, en noviembre de 2008. La estatización de la firma busca acatar el art. 315 de la nueva Constitución. Allí se señala que “el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos (…)”.
Según el Municipio, la anterior administración no liquidó a Corpaq privada, por lo que aún persisten los problemas jurídicos. Por ello, los prestamistas emiten cartas a Corpaq como ente público y privado.
Otro de los planteamientos que, para Philipe Baril, presidente de Quiport (concesionaria del aeropuerto), es fundamental es el de las tasas aeroportuarias, porque ese dinero es la única garantía que tienen los prestamistas para continuar con las obras en Tababela.
Estos rubros eran administrados por la concesionaria desde marzo de 2006. Pero una resolución de la Corte Constitucional decretó que esos fondos son públicos.
Para el Municipio, una de las salidas a este tema es reestructurar el fideicomiso privado que ahora administra ese dinero. Es decir que el Cabildo forme parte de él y así tener la titularidad de las tasas. Esto cumpliría el mandato constitucional.
A estos puntos en discusión se suman otros nueve que deben ser debatidos hasta fin de año, fecha en que se anunció que terminará la renegociación.
Los aspectos contractuales que se debaten en la renegociación
La agenda municipal
En el protocolo del Municipio, como primer punto, se establece la negociación en el perfeccionamiento de la concesión del nuevo aeropuerto. En segundo término está el tema de las garantías del contrato.
Como tercer aspecto, el Cabildo plantea cómo administrar las tasas aeroportuarias. Las soluciones. Esto, debido a que el Municipio es el que debe tener la titularidad y el manejo de estos rubros.
El último punto planteado por el Cabildo se refiere a las relaciones entre la concesionaria privada Quiport, encargada de la construcción de la nueva terminal aérea, y la Corpaq, ahora entidad pública.
Estos ámbitos serán debatidos en las rondas de renegociación. Tanto Quiport como el Municipio esperan que las conversaciones tengan conclusiones hasta diciembre de este año.
La agenda de los prestamistas
Los prestamistas señalan los siguientes ámbitos en el aspecto legal: Cartas de garantía confirmando el marco legal del contrato. Otro aspecto es la legislación que autorice la delegación de poderes.
En las mesas también se dabatirá sobre el fallo del Tribunal Constitucional, confirmando la nueva legislación. El cuarto punto en la agenda prestamista es sobre el contrato de inversiones y sobre los arbitrajes.
El quinto aspecto es una mirada en detalle de la figura de Corpaq. En el sexto se habla sobre la contribución para la nueva vía y equipo de seguridad. En el séptimo se señala el uso del suelo y complementación de registros.
El numeral ocho se refiere a los aspectos de la Contraloría del Estado, en el nueve se discutirá sobre los fallos de la Fiscalía General. En el punto 10 se abordarán las confirmaciones de los beneficios de las zonas francas.