19 de January de 2010 00:00

La renegociación cumple 5 meses

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Redacción Quito

El proceso de renegociación del contrato del nuevo aeropuerto de Quito aún no finaliza. Las conversaciones entre la concesionaria Quiport (a cargo de la construcción), los bancos internacionales (prestamistas) y el Municipio se iniciaron en agosto de 2009. En esa fecha, el alcalde Augusto Barrera señaló que el proceso no duraría más de seis meses porque no quería un “proceso eterno y sin resultados”.

Philippe Baril, presidente de Quiport, señaló que una fecha propuesta por los banqueros internacionales para que concluyan las rondas sería el próximo 29 de enero. Mientras tanto, el ritmo de trabajo en la terminal aérea de Tababela ha disminuido, por la falta del dinero que deben otorgar los prestamistas.

Técnico-aeronáutico

Aún faltan licenciamientos

Uno de los aspectos que para el Municipio no son negociables son los permisos que deben ser otorgados a la obra en Tababela. El aeropuerto se construye desde 2005, pese a que no contaba con el registro  de los planos. Este documento debe ser entregado por la Dirección General de Aviación Civil.

Quiport refiere que estos permisos debieron ser adquiridos por el dueño de los terrenos, es decir por el  Municipio. El alcalde Augusto Barrera señaló, en diciembre pasado, que este es un problema heredado de la administración anterior, pero que ha sido solucionado durante la renegociación.   

Luego de adquirir este documento y cuando la obra  esté en una fase final -explicó Barrera- también se debe adquirir la certificación operativa. Este aval, que también debe ser entregado por la DGAC, tiene que tomar en cuenta la seguridad aeronáutica del aeropuerto.

Philippe Baril, presidente de Quiport, afirmó que estas pruebas, previstas para marzo de este año, tendrán un retraso, porque la obra no ha avanzado al ritmo que se tenía en un inicio. Baril calcula que las pruebas preoperacionales se realizarán a finales de este año.  

Asimismo, la obra no cuenta con una licencia ambiental otorgada por el  Ministerio de Ambiente. La construcción se avaló, según Quiport, con un permiso entregado por la Dirección de Ambiente del Municipio. Ante esto, Barrera solicitó a la Cartera de Estado emitir la licencia  para continuar con la renegociación. “Estos aspectos no son negociables, deben cumplirse”,  dijo Barrera.

Constructivo

Las obras complementarias

La segunda mesa de renegociación aborda los temas de construcción del nuevo aeropuerto. Un informe de Contraloría señaló en un informe un posible sobreprecio en  la obra en Tababela. Ante esto, el alcalde Augusto Barrera señaló que Quiport está obligado a justificar por qué los costos para la construcción en Tababela son más altos que en el mercado común. “Los materiales que se utilizan son especiales y elaborados exclusivamente para esta obra”.

Como parte de la renegociación, todas las dudas planteadas por la Contraloría deben ser absueltas por la concesionaria. Quiport  afirmó que un equipo de expertos londinenses arribó al país la semana pasada para realizar un estudio riguroso sobre los costos de la terminal aérea.  “Los técnicos fueron enviados por los prestamistas para saber cuánto dinero hace falta para concluir la obra”, explica el presidente de la concesionaria, Philippe Baril. El directivo cree que aún faltan USD 220 millones aproximadamente para finalizar los trabajos en Tababela.

Dentro de este ámbito también se discute quién estará a cargo de la construcción de la base destinada para las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas y el espacio destinado para la aduana y las zona franca. Para Barrera, estos aspectos no se definen con claridad en el contrato firmado en 2002. 

La posición del Municipio es que la concesionaria debe hacerse cargo de estos trabajos así como de la posterior ampliación del área de aduanas. Quiport afirmó que todos estos trabajos adicionales también representarán mayores costos a la construcción. “Los costos van a ser más altos de lo iniciado porque se deben tomar en cuenta las inversiones extras”, dice Baril. 

El plan financiero 

En busca de más ganancias

El modelo contractual firmado en 2002 para la construcción de la nueva terminal aérea es de concesión. El Municipio explica que bajo este parámetro, la ciudad solo recibe un Fee (porcentaje) de concesión de USD 1,5 millones al año, una vez que el aeropuerto funcione.

Esta cifra, dice el alcalde Augusto Barrera, es insuficiente e injusta para los intereses de la ciudad. Por ello, en la renegociación se planteó el cambio de modelo de contrato más justo. El Cabildo plantea participar de un porcentaje de las ganancias del aeropuerto, a través de un modelo de contrato de alianza estratégica.

La justificación es la participación de la inversión en el aeropuerto por el concepto de tasas aeroportuarias. Este rubro era administrado por Quiport desde 2005, luego de que el Concejo Metropolitano autorice este procedimiento a través de una Ordenanza. Sin embargo, la Corte Constitucional emitió en 2008 un fallo donde se afirma que estos fondos son públicos y no pueden ser utilizados por un organismo privado. Este fallo que es inapelable debió ser acatado por el Municipio.

Sin embargo, según Philippe Baril, presidente de Quiport, ese ingreso era la única garantía que tenían los prestamistas (bancos internacionales) para el repago de la inversión. “El fallo de la Corte Constitucional  fue considerado por los prestamistas como un acto político”.

Según Barrera, este es uno de los aspectos más difíciles del proceso, pues la concesionaria estaba a cargo de ese dinero y tenía una proyección para su incremento. Una de las soluciones, según el Municipio y Quiport, sería que el dinero entre a un fideicomiso que sería administrado por el Cabildo capitalino.

Esquema contractual

La meta, cambiar el modelo

El tema más complejo de la renegociación, a decir del Alcalde Augusto Barrera, es el tema contractual. El Municipio busca que se mute  la naturaleza del documento de un modelo de concesión a uno de alianza estratégica. Es decir que la ciudad participe de las ganancias que generará el nuevo aeropuerto. Sin embargo, Philippe Baril, presidente de Quiport, señaló que el contrato firmado en 2002 “estaba establecido bajo todas las reglas del juego y que estaba perfectamente estipulado”. 

Pero luego, el dictamen emitido por la Corte Constitucional (sobre la naturaleza pública de las tasas aeroportuarias) permitió al Alcalde iniciar la renegociación. “Esa resolución afecta a los intereses de los accionistas y banqueros porque son la única garantía para rehacer sus pagos, pues no hay garantías del Municipio ni del Estado”, dijo Baril.

Barrera afirmó que solo por el concepto de tasas aeroportuarias, la ciudadanía ha invertido cerca de USD 180 millones. Por lo que se busca, a través de un contrato de alianza estratégica, que se reconozca esa participación pública. No obstante, Quiport afirmó que si bien el Alcalde busca ese tipo de contrato, dependerá de lo que los banqueros determinen,  pues “un contrato no se cambia unilateralmente. Yo no puedo hablar por  los banqueros. Ellos son los afectados”, manifestó el presidente de Quiport.

Los banqueros tienen como única garantía el pago a través de las tasas aeroportuarias. Baril dijo que si no se cumple con esto “ellos tienen derecho de ir a un arbitraje  que defienda sus intereses”.

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