20 de febrero de 2015 12:51

Rendición de cuentas de la Fiscalía incluyó los casos del 30-S

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Ana Guerrero

La Fiscalía rindió cuentas de las acciones ejecutadas durante el 2014 y algunos procesos que se llevan acabo desde años anteriores, como el 30-S. El acto se realizó la mañana de este viernes 20 de febrero del 2015, en las instalaciones de la dependencia provincial. La presentación estuvo a cargo del fiscal de Pichincha, Wilson Toainga.

El año pasado, el equipo de litigantes de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Fiscalía asistió a 1 555 audiencias de casación y revisión (en promedio ocho diarias). Según las estadísticas presentadas, la posición y los argumentos de los delegados fueron aceptados por los jueces en el 95%.

Entre los casos atendidos se contemplan 81 de tratas de personas, con fines de explotación sexual y 19, laboral.

Por otro lado, en la reedición constó que entre el 2014 y el 15 de enero del año en curso, siete de ocho centros forenses asistieron
7 032 autopsias y pericias científicas.

Del informe no quedaron fuera los procesos por el 30-S. Hasta enero se lograron 23 fallos, con 139 personas sentenciadas. Entre los delitos por los que fueron juzgadas las personas involucradas estuvieron: rebelión, tentativa de magnicidio, paralización de servicios públicos, etc.

En el mismo tema, hay 48 casos activos en el país. De estos, 24 se encuentran en indagación previa; seis, en casación; siete, en instrucción fiscal; tres, nulidad y apelación; cuatro, en etapa intermedia y cuatro, en fase de juicio.

En el informe también se incluyó el número registrado de personas desaprecidas, entre enero y diciembre del 2014. Por ejemplo, En Guayas fueron 5 201 y en Pichincha, 5 274. Del total de casos presentados en la Fiscalía, 18 142 fueron concluidos y 1 373 están en investigación.

Además, entre otras cifras, se detalló que en las seis primeras fases del operativo denominado 'Eslabón', lideradas por la Fiscalía, se detuvieron 114 personas.

Entre los objetivos de la dependencia estatal, está el llegar a la atención de siete fiscales por cada 100 000 habitantes.

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