21 de January de 2010 00:00

El remitido de 65 funcionarios de la Fiscalía es criticado

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Redacción Judicial
judicial@elcomercio.com

Una nueva diligencia se desarrolló ayer en la mañana, por la muerte de la joven  Natalia Emme, de 26 años.
 
Dos testigos, Alain R. y Xavier S., dieron su versión ante la fiscal de la  Unidad de Delitos de Tránsito de Pichincha, Mariana López.
 
Natalia fue arrollada el jueves pasado por un Vitara sin placas de la Fiscalía,  en el norte de Quito.

Uno de los testigos aseguró ayer que el vehículo era conducido por Aliz Borja, esposa del fiscal Washington Pesántez,  y que él vio cómo se cambiaba de vehículo, luego de percatarse que había arrollado a Natalia.

Según el abogado defensor de la familia Emme, Gonzalo Silva, hay al menos otros cinco testimonios que señalan a Borja como la conductora del Vitara blanco.
 
Casi de forma paralela a la diligencia, pero desde el sur de Quito, el presidente de la República, Rafael Correa se refirió al tema. Luego de inaugurar una escuela del Milenio dijo  que no se deberían  adelantar criterios hasta que el caso se resuelva. Aunque también  enfatizó: “Nos parece inconcebible que teniendo un chofer de un carro del Estado,  ella (Borja) haya  manejado”.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, también respaldó al fiscal  Pesántez. “No me solidarizo con lo que ha ocurrido, sino  con la persona, quien es mi amigo y le debo respeto y consideración”.

Sus declaraciones se dieron solo un día después de que varios asambleístas pidieran verbalmente  a la Judicatura que revise el accionar de 65 funcionarios de la Fiscalía, entre ellos fiscales provinciales y directores nacionales. Ellos  se adelantaron a dar un criterio en torno al accidente.  Anteayer, en un remitido de prensa aseguraron que Liz Borja “descendió del asiento trasero del automotor, atendió a la víctima y llamó al 911”.
 
Pero el defensor de la familia Emme se pregunta cómo pueden hacer esa afirmación si no estuvieron en el lugar de los hechos. “Voy a llamarlos a comparecer a todos para que den su versión, porque ellos hablan como si fueran testigos”, refirió Silva a este Diario. “Si no acuden,  pediré a la Fuerza Pública que intervenga”.

En el remitido también se acusa a la ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Alejandra Cantos, de incitar a la “gente al cometimiento de actos de barbarie”. Pero Cantos aclaró que ella fue otra  testigo del accidente y que  no tiene ningún interés personal en el proceso.

“Me resisto a  admitir  que el poder sirva para  lastimar  a los débiles y no acepto que mi nombre sea   utilizado para desviar la atención de un hecho que ha  conmocionado  a la ciudadanía”.

Por ello, agregó, “me reservo  el derecho de seguir las acciones legales civiles y penales del caso”.

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