El jueves pasado, 17 de diciembre del 2015, miles de argentinos protestaron por la política comunicacional de Mauricio Macri. Foto: Eithan Abramovich / AFP
Los triunfos de la oposición en Argentina y Venezuela permiten pensar en una nueva relación entre el poder y los medios. Es algo que puede ser extensivo a otros países que les ha caracterizado una tensión entre gobierno y prensa.
En Argentina, una manifestación multitudinaria se concentró frente al Congreso. ¿El objetivo? Defender la Ley de Servicios Audiovisuales, vigente desde el 2009, y al que se lo conoce como la ‘Ley Clarín’, el monopolio mediático más poderoso del país y que un año antes rompió las buenas relaciones comerciales con el gobierno de los Kirchner.
La llegada de Macri a la Casa Rosada permitió una reconfiguración de los medios con el poder en Argentina. Creó el Ministerio de Comunicación, al que se someterá la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), -una suerte de Supercom, en Ecuador.
Se encarga de aplicar, interpretar y hacer cumplir la Ley de Medios en ese país. Además, aún se busca la manera para que Martín Sabatella, un fervoroso kirchnerista, deje su cargo como director ejecutivo.
Repentinamente, el kirchnerismo reclamó una mayor democratización, que se incluya la pluralidad de voces. Piden que mantenga el programa ultraK ‘6-7-8’ en el canal público, pese a que en este programa, más allá de denostar, no siempre en buenos términos, a Macri, no daba espacio a otros que no comulgaran con el pensamiento kirchnerista, fuese de la derecha macrista o de la izquierda trostkista.
Nadie; solo los kirchneristas aparecieron en el canal público. Y obviamente, defender a Sabatella para que quede en el cargo.
Empeñada en terminar con los medios privados, sobre todo Clarín y La Nación, la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner fortaleció a los medios progobierno. Diarios como Página 12, que podría cambiar su línea editorial si se produce la venta que se anuncia en Buenos Aires, o de más de 12 grupos empresariales de gráfica, radio y televisión, se han visto favorecidos por la pauta estatal.
Hernán Lombardi es el funcionario macrista a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de Argentina. Reconoció que el kirchnerismo hizo muchas cosas buenas, como mejorar los medios públicos, pero que en los últimos años sirvieron como instrumento de propaganda y agravio a la oposición. El nuevo funcionario dijo que su tarea será dar pluralidad a los medios.
El sociólogo Pablo Alabarces, quien se convirtió en uno de los proscritos luego de haber escrito un libro sobre ‘6-7-8’, afirma que “nadie en América Latina conoce lo que es una televisión plural. No lo hemos tenido jamás. Él la promete; habrá que ver cómo va a cumplir esa promesa”.
Alabarces advierte un peligro en la política de medios que ejercerá el macrismo: la plata se repartirá según la circulación. “La pluralidad se va a resentir. Si da más pauta a Clarín y La Nación, un diario pequeño no va a poder competir contra ellos”.
Venezuela espera lo que hará la nueva Asamblea
Una reconfiguración de medios podría ocurrir en Venezuela con el triunfo de la Mesa de Unidad Democrática en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Al menos el electo Henry Ramos Allup calificó como una “estupidez” el Sistema Nacional de Medios Públicos.
Su primera promesa es “abrir las puertas de la Asamblea para que los periodistas puedan ingresar libremente por la legislatura. Es una señal, sobre todo si se toma en cuenta que en la noche del 6 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral venezolano desalojó a los periodistas cuando se demoraban en la entrega de resultados.
La hasta ahora mayoría parlamentaria ya tomó una medida preventiva: ceder la concesión de los medios de comunicación del legislativo a los trabajadores. Son los únicos medios que tienen acceso a las sesiones parlamentarias. Así buscan evitar que pase a control de la MUD, sobre todo luego de que los trabajadores se pronunciaran en contra de las declaraciones de Ramos.
El caso El Universo en el sistema interamericano
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la acción contra el Estado ecuatoriano por una supuesta violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, luego de la demanda del presidente Rafael Correa en contra del diario a quienes acusó del delito de injuria por un artículo de Emilio Palacio luego del 30 de septiembre del 2010.
La CIDH se puso a disposición para mediar y que ambas partes puedan llegar a una solución amistosa.
En contexto
Desde la llegada de los gobiernos calificados de izquierda o progresistas, se dio un enfrentamiento con los medios de comunicación. En Venezuela, Argentina y Ecuador comenzaron a consolidar grupos comunicacionales a favor del oficialismo.