20 de septiembre de 2016 00:00

Reinserción a la vida civil, el punto más débil del acuerdo

MAURICIO DUENAS CASTAÑEDA / efe En la gráfica se ven los alimentos que fueron movilizados para la asamblea guerrillera en los Llanos del Yarí.

En la gráfica se ven los alimentos que fueron movilizados para la asamblea guerrillera en los Llanos del Yarí. Foto: EFE

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Redacción Seguridad
Agencia EFE
Agencia AFP

El pedido es concreto: regresar a la sociedad en “condiciones dignas”. Los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no quieren que el posconflicto signifique la aparición de grupos armados dedicados a la delincuencia o lo que ellos llaman “paramilitarismo”. Esa es una de las preocupaciones del grupo subversivo a tal punto que sus portavoces han reconocido que la reincorporación a la vida civil y sus mecanismos son los puntos más débiles del acuerdo con el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos.

Desde los Llanos del Yarí, en las estribaciones de la Amazonía, donde tiene lugar la Décima Conferencia Nacional Guerrillera, el asesor jurídico de las FARC en las negociaciones, el español Enrique Santiago, alertó de la importancia de la reintegración de los guerrilleros tras la firma de la paz.

La idea es evitar que en Colombia haya un repunte de la violencia como sucedió en Centroamérica. “Es importante que la reincorporación se resuelva en condiciones aceptables, porque si no el riesgo es que haya un aumento de la violencia en un país acostumbrado al uso de las armas”, dijo.

De hecho, entre los guerrilleros delegados (...) se repite mucho la preocupación del fenómeno del paramilitarismo. Esto lo reconoció ayer Pablo Catatumbo, integrante de la cúpula guerrillera.

Incluso la semana pasada, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el Gobierno está “en alerta” por el reciente asesinato de cinco líderes sociales en distintas regiones de Colombia, donde en el primer semestre del año fueron muertos 35 defensores de derechos humanos.

La inquietud por el paramilitarismo no es nueva entre las FARC. Según esta agrupación, grupos de extrema derecha siguen operando en el país a pesar de la desmovilización de estas fuerzas irregulares promovida por el gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2006, a la que se acogieron por lo menos 32 000 miembros de grupos de autodefensas.

El miedo a que la dejación de armas y la reinserción de los guerrilleros a la vida civil genere violencia y muerte remite al exterminio de la Unión Patriótica (UP) tras el fallido proceso de paz del presidente Belisario Betancur en 1984.

Entonces, unos 3 000 miembros de ese movimiento político de influencia comunista, entre ellos dos aspirantes a la Presidencia, fueron asesinados por paramilitares en connivencia con fuerzas estatales.

Según el investigador de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), tres décadas después, las FARC están advirtiendo sobre un segundo exterminio que se podría presentar, porque el paramilitarismo “está vivo y extendiéndose en el país”.

Enrique Santiago considera que las posibles disidencias van a ser “apenas anecdóticas”, porque los guerrilleros “están muy cohesionados”.

La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) señala que entre el 2003 y el 2015 se han desmovilizado 57 537 personas, de forma individual o colectiva, pertenecientes a todos los grupos armados ilegales, en su mayoría las AUC.

De ese total, el 90% fueron apoyados por el Gobierno para conseguir trabajo y el 10% restante lo hizo de manera individual. Pero este último grupo tuvo problemas, pues “cuando los empresarios que los contrataron se dieron cuenta que son reinsertados, perdieron el empleo”. Para evitar que ocurra aquello desde hace mucho tiempo ya se habló de “completar el ciclo” de ayuda.

A inicios del 2016, portavoces de la ACR ya decían que la reintegración no será un proceso obligatorio y que cada guerrillero desmovilizado decidirá si se acoge o no al programa. Actualmente tiene una duración de seis años y medio y pueden iniciarlo las personas que hayan sido certificadas por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas.

Los posibles efectos también fueron analizados en Ecuador. De hecho, en junio pasado, el presidente Rafael Correa sostuvo: “Sabíamos que tarde o temprano iba a llegar ese acuerdo de paz y las consecuencias que eso puede tener”.

Correa adelantó: “se calcula que tal vez un cuarto de efectivos de las FARC no se desmovilice, sino que harán bandas organizadas como pasó con los paramilitares. Eso aumentaría la inseguridad en la frontera norte”.

Los soldados que operan en Sucumbíos señalan, sin pruebas al canto, que un porcentaje de armados no se acogería al proceso de paz y, más bien, integraría organizaciones criminales vinculadas con la venta de armas y droga.

Aseguran que en los 724 kilómetros de frontera hay decenas de pasos ilegales por donde se da el flujo de armamento y estupefacientes. En Sucumbíos, por ejemplo, los militares han detectado más de 50 puntos e incluso puestos de descanso de personal armado. Ante la inminente firma de la paz, el Gobierno aseguró en marzo pasado que “blindará al máximo” la frontera norte.

Por ahora, en Colombia, su gente deberá decir sí o no a la paz definitiva. Tanja Neimejer, la holandesa que lleva 13 años en filas de la guerrilla marxista, está convencida de que esa nación votará sí frente al acuerdo negociado con el Gobierno para poner fin a medio siglo de violencia armada.

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