20 de April de 2015 21:11

La rehabilitación para el infractor de tránsito aún es débil

En el Centro de Detención de Calderón, los internos tienen una cancha de vóley. Los dos edificios de Quito pueden alojar a 182 hombres y 12 mujeres. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

En el Centro de Detención de Calderón, los internos tienen una cancha de vóley. Los dos edificios de Quito pueden alojar a 182 hombres y 12 mujeres. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Liz Castillo

Hace cuatro años servían como aulas de clases y ahora son las habitaciones de 90 detenidos. Es el Centro de Detención para infractores de tránsito Los Olivos, un edificio en el norte de Quito.

Este es uno de los dos inmuebles para personas arrestadas por contravenciones viales que desde el 9 de agosto administra el Municipio, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). En esa fecha, el Cabildo quiteño asumió todas las competencias en transporte terrestre, incluidos los centros de detención que antes eran manejados por la Policía.

Otro centro similar está en Calderón, en el norte. También es un antiguo colegio que desde el 6 de diciembre funciona como centro para alojar a conductores que violaron la ley.
Pero Quito no es la única ciudad que debe asumir esa tarea.

Otros seis municipios deberían hacerlo. Allí están: Guayaquil, Ibarra, Loja, Ambato, Manta y Cuenca. De ese grupo, solo la capital y Cuenca tienen sus centros de detención.

Una de las intenciones de que estas urbes asuman esas competencias era mejorar la rehabilitación y reducir el hacinamiento que se registraba, por ejemplo, en Quito.

¿Se han concretado esas intenciones? Los internos hablan de “poca rehabilitación”, pero “buen trato”. El pasado miércoles, este Diario ingresó a Los Olivos. Era día de visitas. Los detenidos ocupan grandes habitaciones con 15 y 20 literas cada una. Los cuartos tienen cinco inodoros y tres duchas de agua caliente. No hay área para visitas y los familiares conversaban en los comedores o se sientan sobre los mesones de baldosas despostilladas. En un rincón está un microondas y una olla arrocera, pues la alimentación paga cada infractor.

En agosto pasado, el Municipio de Quito y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio para un “buen funcionamiento” de los centros. En ese acto, la ministra Ledy Zúñiga, explicó que el modelo de rehabilitación para los detenidos por tránsito será el mismo que se aplica para personas condenadas por delitos penales.

Detalló que los infractores deberían cursar una malla curricular que incluye la Ley de Tránsito, seguridad en las vías y hasta recibirían charlas con víctimas de accidentes. “Un verdadero y efectivo tratamiento para las personas que llegan a estar detenidas nos garantiza la seguridad ciudadana: el objetivo es lograr que las personas no vuelvan a cometer una infracción”, dijo Zúñiga.

Ese miércoles, tres internos de Los Olivos entregaron a sus padres artesanías hechas con papel, pero no es una actividad que se imparta en el lugar, sino una enseñanza de sus compañeros más antiguos. Precisamente doblar papel por horas es una forma de pasar el tiempo mientras cumplen condenas que van de 3 días, en infracciones, y superan los 90 días en casos graves.

Un día antes, este Diario también entró al edificio de Calderón. El inmueble tiene 1 300 metros cuadrados, es de cuatro pisos y sus paredes son blancas y sin rayones. Sus dos patios están adornados con flores de colores. En el primer piso está el comedor, sillas y mesas.

Jaime Bonilla, director de los dos centros en Quito, está allí y permite que un grupo de 25 personas baje de sus habitaciones, hasta un salón de capacitaciones, que conserva las bancas escolares y pizarra.

Las quejas no se hacen esperar. La mayoría asegura que no tienen ninguna actividad a qué dedicarse. Dicen que nunca han recibido una charla, una inducción o video sobre las leyes de tránsito. Solo un joven recuerda haber recibió un capacitación “hace meses”.

Un conductor de taxi que recibió 90 días de arresto por manejar en estado etílico dice que en la mañana solo juegan vóley y tras el almuerzo lo mismo. Y cuando llueve deben permanecer en sus habitaciones.

Bonilla, en cambio, detalla que en estos lugares sí hay rehabilitación, aunque reconoce que no es constante. “Hace dos meses terminamos un módulo de charlas sobre las principales infracciones a la Ley de Tránsito; ahora estamos por iniciar otro curso en una semana”.

En el convenio entre el Municipio de Quito y el Ministerio de Justicia se estableció que en casos de contravención que pueden llegar a una sentencia de hasta 90 días, se pondrían en marcha “programas cortos” por el tiempo que la persona permanezca detenida.

Según la Constitución (art. 51), es obligación del Estado atender a los privados de libertad y de sus necesidades educativas, laborales, productivas, alimenticias y recreativas.

En el centro que maneja el Municipio de Cuenca tampoco hay rehabilitación. Alfredo Aguilar, gerente de la Empresa de Movilidad, dice que eso se debe a que “las personas detenidas no son delincuentes, sino contraventores de tránsito”. Y detalló que los agentes de tránsito sí realizan talleres con los internos sobre medidas de seguridad para evitar accidentes, leyes de tránsito, riesgos.

La capital azuaya fue la primera en asumir la gestión de los centros de privación. Desde el 12 de abril del 2013, el Centro Detención de Infractores de Tránsito funciona en el antiguo edificio del CDP de la Policía.

El inmueble fue mejorado por la Empresa de Movilidad del Municipio y cuenta con dos plantas, con celdas para hombres y mujeres, con capacidad para 65 personas. También hay un área administrativa, comedores, sala para charlas, cuartos con casilleros, una cancha de vóley y sala de espera.

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