12 de julio de 2017 00:00

La regularización de taxis en Quito tomará 180 días

Paúl Rivas/El Comercio Los taxistas, tanto legales como irregulares, se manifestaron ayer en los alrededores de la Plaza Grande.

Los taxistas, tanto legales como irregulares, se manifestaron el 11 de julio en los alrededores de la Plaza Grande. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO 

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Evelyn Jácome

Un total de 8 693 taxis se regularizarán, luego de la aprobación, en segundo debate, de una ordenanza que un proceso que busca para nivelar la oferta y demanda del servicio. Durante los próximos 180 días deberá llevarse a cabo el proceso.

La Secretaría de Movilidad tendrá un plazo de 15 días, a partir de la aprobación, para establecer los cronogramas, requisitos y condiciones para desarrollar el proceso para la emisión de permisos de ope­ración e incrementar los cupos en las distintas cooperativas. Así lo contempla la disposición transitoria que forma parte de la normativa.

Los controles a los taxistas informales no arrancarán de inmediato, sino una vez que el proceso de regularización haya finalizado, según Daniela Chacón. La concejala independiente explica que si el estudio está bien hecho se debería eliminar la ­irregularidad de taxis en las calles del Distrito.

Sergio Garnica, miembro de la Comisión de Movilidad, manifestó que uno de los primeros puntos en ser atendidos, una vez aprobada la normativa, tiene que ver con la creación de un canal que permita al usuario contactarse directamente con la autoridad, para dar a conocer novedades, quejas o inquietudes respecto del sistema de taxis de la capital.

Por ejemplo, si a una persona no se le cobró lo que marcó el taxímetro, o se le negó una carrera, podrá inmediatamente llamar a determinado número y denunciarlo. Garnica sostiene que a partir de la aprobación de la ordenanza, la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito tendrán 90 días para poner a disposición de la gente las herramientas tecnológicas que sean necesarias para mantener dichos canales de comunicación.

Según estipula la normativa, la AMT deberá priorizar dichos requerimientos o de­nuncias sobre la calidad del servicio y tendrá que hacer público el número de quejas para que sean atendidas.

Paralelamente, el Municipio tendrá 90 días para difundir el contenido de esta ordenanza, sobre todo lo relacionado con los parámetros de calidad que el pasajero debe exigir. Por ejemplo, que la unidad esté limpia, que el conductor no se niegue a hacer carreras y que trate al pasajero con cordialidad. De igual forma, los mecanismos de control a los cuales están sujetas las operadoras autorizadas.

Edy Sánchez, presidente de la Comisión de Movilidad, explica que la ordenanza se basó en un estudio sobre la oferta y la demanda, los niveles de cobertura y los índices de calidad que realizó la Secretaría de Movilidad, donde se determinó que el 54% de la demanda de taxis en Quito se cubre con taxis tradicionales, el resto lo hace la informalidad.

El proceso de regularización no será abierto, sino que priorizará a aquellas unidades que históricamente han venido prestando el servicio en la ciudad de manera informal. Los aspirantes deberán presentar una solicitud a la Agencia Metropolitana de Tránsito, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, explica el concejal Sánchez.

Por ejemplo, deben constar en la base de datos que maneja la Secretaría de Movilidad. Además, deben justificar con documentos que prestaban el servicio de manera irregular antes del 31 de diciembre del 2014, o que ya habían solicitado una habilitación a la autoridad. Para ello, se puede presentar alguna sanción recibida por haber operado como taxis sin contar con el permiso, o la factura de haber comprado un taxímetro antes de la fecha indicada.

Otra opción es presentar documentos que muestren que son miembros de alguna cooperativa, o que formaron parte del proceso de regularización de taxis en el 2011.

Los taxis que deseen formar parte del proceso de regularización podrán acogerse a la constitución jurídica de nuevas operadoras de transporte, o pasar a formar parte de alguna cooperativa ya existente. Así lo sostiene Patricio Ubidia, concejal del Distrito, quien asegura que la persona tendrá la capacidad de elegir a qué compañía va.

Para Diego Hurtado, experto en Movilidad, el tema debería ir más allá de la legalización de cierto número de taxis informales, y aterrizar dentro de una política pública sólida, que contemple temas de planificación urbana, formas de evitar los viajes innecesarios, de acercar los servicios y el trabajo a las casas, de motivar el uso del transporte público. Se debe evitar -dice- las soluciones parches y tener una visión global y sostenible del problema.

En las afueras del Municipio estuvieron al menos unas 2 000 personas para demostrar su apoyo al proceso, llegaron el 11 de julio con bandas de pueblo. El paso por la calle Venezuela fue cerrado, lo cual ocasionó ­congestión vehicular en el Centro Histórico.

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