22 de enero de 2018 12:54

La regularización de obras informales tendrá una tasa en Quito

Una panorámica de La Colmena. Algunos asentamientos del lugar tienen problemas de informalidad. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Una panorámica de La Colmena. Algunos asentamientos del lugar tienen problemas de informalidad. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Ana María Carvajal
Redactora
amcarvajal@elcomercio.com (I)

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Una nueva licencia para construcciones informales existentes abrirá el camino para dividirlas en propiedad horizontal, venderlas o heredarlas.

En Quito, una construcción sin un documento habilitante no puede ser vendida o fraccionada de forma legal, pues no consta en el Registro de la Propiedad ni en el catastro. Con el fin de solucionar el asunto, para hoy, 22 de enero del 2018, está previsto que la Comisión de Uso de Suelo analice un proyecto de ordenanza para regularizar edificaciones levantadas o ampliadas sin autorización.

El fin es otorgar una licencia de reconocimiento a viviendas que hayan pasado por análisis de vulnerabilidad. Luego, será necesario pagar una tasa que variará de acuerdo con el metraje (ver infografía).

La normativa se aplicará para informalidad total y parcial. Hay casos de quienes levantaron una casa de un piso con permisos, por ejemplo, y luego elevaron más estructuras. En otros, construcciones que invadieron el espacio público, como aceras e incluso vías.

Esta normativa permitirá llenar un vacío legal que existe debido a que la última Ordenanza para este tipo de construcciones estuvo vigente hasta septiembre del 2015.

El concejal Sergio Garnica (ind.), presidente de la Comisión, dijo que se trabaja en esta propuesta desde hace dos años. Pero hubo dificultades para implementarla a raíz de los cambios en la normativa nacional, tras el terremoto de Pedernales de abril del 2016.

Infografía regularización de obras informales

Agregó que hay legislación para construcciones que se levantan sin permisos ni tratamiento técnico desde la Alcaldía de Paco Moncayo, pero que aún no se ha logrado una solución definitiva.

Según Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, hay varios tipos de informalidad. Hay casos de viviendas en terrenos sin documentos que acrediten a quién pertenece. Por lo tanto, no hay un registro y es imposible cobrar impuestos. La mayor parte de construcciones informales se ubican en sitios como laderas o extremos de la ciudad e incluso de parroquias rurales en crecimiento.

Es común que una construcción levantada sin permisos se haga con el conocimiento empírico de maestros albañiles, según el secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, Jacobo Herdoíza. Él subraya que en esos casos, la gente suele ahorrarse el pago a un arquitecto o ingeniero, que podría brindar asistencia técnica adecuada.

Cuando una edificación para vivienda o trabajo se levanta sin soporte técnico o en terrenos inadecuados, como laderas, suele tener problemas de seguridad, explica Moreira. Esto pasa porque no se aplican medidas de seguridad para responder a las condiciones sísmicas o a posibles deslaves que pueden ocurrir en la época lluviosa, por ejemplo.

“Hay un cinturón importante en la periferia de Quito, en todos los puntos cardinales, donde se ubican barrios marginales y abundan las construcciones informales”, dice.

Moreira agrega que en el hipercentro también existen, porque se levantan galpones, fábricas, mecánicas, que implican un riesgo para la gente que trabaja o que vive cerca. Además, suelen contravenir normas urbanísticas y afectan a la imagen de la ciudad.

Garnica dice que al regularizar estas construcciones informales hay doble beneficio: el propietario registra y asegura su bien, y el Municipio mejora el catastro y extiende tributos por un lote con una edificación, en lugar de un lote baldío.

Es complicado saber la cantidad de construcciones informales en la ciudad porque pueden aparecer a diario. Sin embargo, Herdoíza calcula que sea parcial o totalmente, el porcentaje de la informalidad sería de cerca del 50%.

Los dueños deberán contratar a un arquitecto o ingeniero que evalúe el estado de vulnerabilidad de su construcción. Luego, brigadas del Colegio de Arquitectos y Desintecsa, entidades colaboradoras del Municipio, verificarán la información.

El proyecto de ordenanza plantea que en una nueva etapa se puedan conseguir permisos para división de propiedad horizontal o ampliaciones, siempre y cuando se hagan los refuerzos de estructuras sugeridos en la primera etapa, tras el análisis de vulnerabilidad.

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