30 de diciembre de 2016 00:00

El Gobierno busca cobrar una contribución a los predios beneficiados por obras públicas

paúl rivas/el comercio La Plataforma Gubernamental que albergará instituciones de desarrollo social se edifica en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito.

La Plataforma Gubernamental que albergará instituciones de desarrollo social se edifica en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO 

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Valeria Heredia

La polémica Ley sobre la plusvalía, que ya fue aprobada por la Asamblea la semana pasada, no es el único mecanismo con el cual el Gobierno busca recuperar la inversión pública.

Se trata del proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, que incluye un artículo para cobrar y ampliar la llamada contribución por mejoras del Gobierno central.

Esta iniciativa legal fue remitida por el Ejecutivo en septiembre del 2014 y esta semana entró a segundo y definitivo debate en el Pleno.
Esta contribución se cobrará a los propietarios beneficiados por una revalorización de sus predios producto de las obras realizadas por el Gobierno central, como carreteras, hospitales, escuelas y más.

En el proyecto se explica que la recaudación se efectuará cuando concluya la obra.

La contribución por mejoras es un mecanismo tradicionalmente cobrado por municipios, aunque no todos recaudaban este rubro, dijo ayer el titular de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Richard Calderón.

La contribución por mejoras del Gobierno central no es una novedad. El rubro consta en la Ley de Caminos desde 1964, aunque solo es para infraestructura vial. Según Calderón, lo que se está haciendo es ampliar esta contribución a todo tipo de obras públicas.

Además, dijo que los mecanismos para su aplicación estaban obsoletos y por eso no se venía cobrando. “No estaba clara la aplicación de este articulado. No se aplicó por falta de herramientas”, sostuvo el legislador oficialista.

El valor a recaudar no podrá superar el 50% del beneficio generado por la obra pública.

De esta manera, si las viviendas costaban USD 100 000 antes de que el Gobierno construya un puente y luego de terminarlo los precio de los predios beneficiados suben hasta USD 110 000, la plusvalía generada será de USD 10 000 por cada vivienda. Pero la contribución que se fije para cada propietario no podrá superar el 50%, es decir, USD 5 000.

Este proyecto contempla la recuperación de la plusvalía solo por efectos de la inversión pública.

Esta iniciativa dista de la Ley sobre plusvalía recientemente aprobada, que no distingue si la revalorización se genera por obra pública o privada.

El proyecto de Ley sobre plusvalía, que también fue remitido por el Ejecutivo, crea un tributo del 75% a la ganancia extra en la segunda venta de inmuebles. El impuesto se cobrará luego de reconocer al propietario de los predios una ganancia ordinaria que incluye el valor del inmueble en escrituras, tasas y gastos por mejoras, y un interés equivalente a tener el dinero en el banco.

También se deduce un equivalente a 24 salarios básicos, es decir, alcanzan los USD 8 784.

El argumento para esta Ley, según el Presidente de la República, fue que algunos propietarios “están cruzados de brazos 20 años, viene una inversión de la sociedad y multiplica el valor de su bien y se vuelven millonario”.

Durante el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, en junio del 2015, Calderón explicó que la contribución por mejoras a favor del Gobierno central es distinto al tributo del 75% a las ganancias extras.

Este último grava la plusvalía extra a la segunda venta de inmuebles y, en cambio, la contribución especial se cobrará una vez que termine la obra pública, dijo el asambleísta.

También señaló que “no son contribuciones que se vayan a cobrar nuevamente, sino que se pueden deducir una de otra para no pagar doble”.

Una obra que el Gobierno ejecuta en la capital es la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, ubicada en el sector de Quitumbe, en el sur de la ciudad. Es un complejo, que albergará a las instituciones de desarrollo social como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Salud y otros, según consta en la web de Inmobiliar.

Tras la llegada de la terminal terrestre, un centro comercial y, ahora, la Plataforma Gubernamental, los precios se dispararon y los servicios llegaron, según relató Narcisa Quimbiulco, quien compró su departamento en USD 19 000 y que ahora, asegura, está en 50 000. Por ahora no pretende vender su vivienda porque cree que a futuro la zona se volverá todavía más atractiva.

Para el asambleísta de oposición, Luis Fernando Torres, la contribución por mejoras del Gobierno central es un nuevo “garrotazo” tributario. “Lo grave es que sería una contribución adicional a lo que ya se paga actualmente. Ya pagamos tributos y ahora también debemos pagar estas obras”.

Calderón insistió el jueves en que no se trata de un nuevo impuesto para los ecuatorianos. “No estamos obligando a que se cobre el impuesto, estamos homologando para que las entidades, en función a la situación económica, cobren o no”.

Para Henry Cucalón, legislador opositor, existe el riesgo de que se cobre un doble impuesto por plusvalía.

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