2 de octubre de 2016 00:00

Refugiados colombianos no creen que la guerra termine en Colombia

Leonardo y su familia (ocho personas) viven en un diminuto departamento de dos habitaciones y un baño, en Quito. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.

Leonardo y su familia (ocho personas) viven en un diminuto departamento de dos habitaciones y un baño, en Quito. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.

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Sara Ortiz y
Washington Benalcázar (I)

La paz: “¿qué significado tiene si vivimos con el temor de que nos encuentren y nos maten?”, cuestiona Leonardo. A sus 27 años es un refugiado más. Llegó a Quito hace dos meses junto con su esposa, su hija de un año, dos hermanos y su cuñado. Fue un viaje de 18 horas por tierra desde La Cumbre, un municipio cerca de Cali, en el cálido Valle del Cauca.

De su casa solo pudo sacar una maleta con ropa, un coche de bebé, documentos y un amuleto que cuelga de su tobillo. “La paz tal vez es para las FARC, pero la guerra sigue”.

Se refiere a las bandas criminales que operan en toda Colombia y que surgieron tras la desmovilización de grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, en el 2006. “Ya sabemos cómo va esto: unos dejan las armas, otros no, y crean nuevos grupos. La droga es la raíz del mal”, dice Leila, esposa de Leonardo.

Hoy (2 de octubre de 2016), los colombianos deciden en un plebiscito si respaldan el acuerdo firmado el lunes 26 de septiembre entre el Gobierno y las FARC. Para Leonardo y Leila, que guardan los panfletos donde los paramilitares los amenazaron de muerte, esa paz “no se logrará solo con un voto”.

En Lago Agrio, una ciudad que limita con el departamento colombiano de Putumayo, vive Sergio, un agricultor de 47 años. En el 2010, él huyó de Yurumanguí con su esposa y tres hijos pequeños. “Lo único que quiero es que mis hijos vivan sin miedo. A Colombia no regresaré”, advierte Sergio. Y recuerda que en su pueblo siempre hubo violencia. “Aprendí a crecer con eso, pero un día alguien dijo que era informante de la Policía y decidí salir”.

Ahora él y su familia tienen carné de refugiados.

En Ecuador residen 60 329 personas bajo esa condición legal. El 95,14%, unos 57 397, es de origen colombiano, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde el 2012, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos inició los diálogos de paz con las FARC, se evidenció una ligera reducción de las solicitudes. En el 2015, la Cancillería ecuatoriana recibía, en promedio, 500 pedidos mensuales, pero en el primer semestre del 2016 la cifra bajó a 400.

Héctor Orejuela se considera un ecuatoriano más pese a haber nacido en Cali. Desde hace 25 años reside en Ibarra. Huyó de la violencia y la persecución de grupos armados.

Aunque está de acuerdo con la desmovilización de las FARC, dice que no regresará a Colombia. Aquí formó una familia. Su esposa y tres hijos son ecuatorianos. Orejuela recuerda que años atrás el M-19, uno de los grupos armados de Colombia, se desmovilizó, pero los espacios que desocupó fueron tomados por las FARC, el ELN y otras bandas armadas.

Daniel, de 46 años, también es escéptico de que a su país llegue una verdadera y duradera paz.“Ellos son solo un grupo, ¿pero los demás? esos son peores que las FARC”, dice el hombre mientras revisa una carpeta plástica donde guarda las denuncias que presentó en la Fiscalía de Colombia. Son solo papeles amarillentos; jamás recibió protección.

“En el 2013 vi en Tuluá (Valle del Cauca) cómo mataron a ocho personas a machetazos. Yo estaba oculto entre los árboles, mientras oía los gritos”.

El Clan Úsuga, una organización narcotraficante conformada por paramilitares, estuvo detrás de ese ataque, dice Daniel. Hace seis meses decidió salir de su país con su esposa y sus dos hijos, de 2 y 10 años.

Ahora viven en Quito, en un pequeño departamento en Quitumbe, de una habitación.

La fundación Insight Crime reporta que en Colombia hay territorios tomados y en disputa por organizaciones como Los Paisas, Los Rastrojos, Águilas Negras, el ELN, el Cartel del Norte del Valle, el Clan Úsuga...Todas están relacionadas con el tráfico de drogas, armas y personas, sicariato, extorsión… En 27 de los 32 departamentos del país hay presencia de estos grupos criminales y cada día producen más desplazados, sostiene la Defensoría del Pueblo de esa nación.

“Esto de la firma es solo una fecha histórica como otra más”, dice Luis Gil. Tiene 45 años, los últimos nueve años los ha vivido en Quito, como refugiado. Su padre fue asesinado porque se negó a dar a las FARC la “vacuna”, una especie de colaboración. “A mi hermano mayor lo colgaron en la puerta de la casa”. Entonces decidió huir de Manizales.

Cuando llegó a Quito, Luis solo tenía la ropa que llevaba encima, ahora por fin ha podido instalar un pequeño emprendimiento. Es un taller donde elabora pizzas y las vende en la calle o al por mayor. “Después de muchos años acá, recién estoy saliendo adelante, pero a cambio dejé mi familia, mi hijo, todo por salvar la vida”.

Quito es la ciudad ecuatoriana que más refugiados alberga. Casi la mitad (42%) de los colombianos con esa condición migratoria vive en la capital.

Tami, de 32 años, todavía no entiende por qué un grupo armado se metió con ella. Vivía en Bogotá, en Santa Rosa, un barrio periférico de esa ciudad. “De un día para el otro llegaron unos señores elegantes y me dijeron que me cuidara”.

Después supo que una de sus clientes, en su taller de costura, era asistente de un fiscal y que los desconocidos creían que ella colaboraba con la justicia. “Recibí muchas llamadas incluso a mi hermana le golpearon”. Salió de Bogotá hace seis años. El primer año vivió en Ibarra, pero luego se mudó a la capital, en donde halló trabajo como cocinera.

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