26 de agosto del 2016 00:00

157 reformas se han propuesto en la Asamblea en este periodo

La Comisión de Justicia, de la Asamblea Nacional, es la encargada de tramitar las reformas al Código Integral Penal que esa misma entidad redactó. Foto: Flickr de la Asamblea Nacional

La Comisión de Justicia, de la Asamblea Nacional, es la encargada de tramitar las reformas al Código Integral Penal que esa misma entidad redactó. Foto: Flickr de la Asamblea Nacional

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Mario Alexis González
(I) politica@elcomercio.com

Tras dos años y seis meses de vigencia, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ha intentado ser modificado 17 veces. Ocho propuestas fueron de asambleístas oficialistas, seis de la oposición, dos del presidente Rafael Correa y una del defensor público, Ernesto Pazmiño.

De estas propuestas solo dos han sido aprobadas y publicadas en el Registro oficial, ocho fueron unificadas, cinco están en trámite y dos no fueron calificadas.

En total desde el inicio de este período legislativo, en mayo de 2013, se han presentado 157 proyectos de reformas. La mayoría llegó desde el oficialismo, 57 en total (ver tabla).

Alexandra Ocles, de la bancada oficialista, mira un problema en la cantidad de proyectos reformatorios que buscan ser tramitados.
Aclara que el inconveniente no está en que las leyes se cambien, sino en la falta de estudio previo. Por esto dice que, al interior del bloque legislativo de Alianza País (AP), se ha solicitado que toda propuesta sea discutida internamente antes de ser presentada.

Con esto se busca que los proyectos no sean repetitivos o que haya varios sobre una misma norma. Además, -advierte Ocles- cuando estas no son discutidas con anticipación, generalmente se cometen errores como plantear cambios inconstitucionales.

Luego del COIP, las normas que más propuestas reformatorias han recibido son el Código de la Democracia, con 15; la Ley de Servicio Público, con 13; y las leyes de la Función Legislativa y de Educación Superior, con 10 cada una.

Franco Romero, asambleísta recientemente desafiliado del Partido Social Cristiano (PSC), también considera que hay una superpoblación de reformas. Atribuye esto a una “precipitación” del bloque oficialista por aprobar leyes.

Explica que hay una concepción errónea de la producción legislativa, “creen que cuanto más aprueben son mejores, pero la verdad es que se requiere mayor calidad”. Añade que las reformas, en casos como el COIP, responden a correcciones “de los vacíos que se dejaron en la construcción”.

Por eso considera que en Ecuador debería haber un parlamento bicameral, en el que la cámara alta sirva de fiscalización para las decisiones tomadas por la cámara baja, evitando así imprecisiones.

Sobre los efectos que el exceso de reformas podría generar, Romero habla de la capacidad para atraer capital. “Los inversionistas locales y extranjeros siempre buscan países con estabilidad jurídica, donde las reglas del juego estén claras”.
Marisol Peñafiel, también oficialista, no comparte esta visión. Dice que el derecho no es estático sino dinámico y las leyes deben irse adecuando y ajustando a la actualidad.

Toma como ejemplo el mismo COIP y dice que, en materia penal, si los delitos no están tipificados en la norma no se puede juzgar a los infractores. Y cuenta que ha insistido en avanzar en el tema de los delitos informáticos.

Muñoz descarta un apresuramiento del oficialismo al aprobar normas, aunque sí acepta que mientras las leyes se van aplicando salen a la luz vacíos legales y la vía para mejorarlos son las reformas.

El constitucionalista Juan Francisco Guerrero dice que el problema de fondo es la seguridad jurídica, porque los cambios normativos constantes hacen que todos los ámbitos del país se alteren. Esto -añade- impide que la población pueda tener certeza de las implicaciones jurídicas de sus actos, y recuerda que el desconocimiento de la ley no exime de culpa.

“Crea incertidumbre para las personas y para los abogados, hace que se debilite la institucionalidad jurídica del país”, detalla el constitucionalista.

Además, explica que estas acciones legislativas fueron, en cierto modo, normales teniendo en cuenta que varias leyes debieron ajustarse a la nueva Constitución, aprobada en el 2008. Sin embargo, considera que ese proceso ya debió haber terminado y que ahora se están haciendo “reformas sobre reformas”.

De todos los cambios legales propuestos en la Asamblea, solo el 7% ha sido publicado en el Registro Oficial y el mayor porcentaje (41%) se encuentra en trámite.

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