30 de junio de 2016 14:57

Nuevas reformas se plantean al Código Penal tras dos años de aplicación

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Sara Ortiz

Los cambios se centran en los llamados delitos menores: robo, abigeato con violencia y el contrabando de combustible. El propósito es reducir las penas que determina el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que actualmente llegan a los siete años de cárcel.

Estas reformas buscan beneficiar a los infractores por delitos leves y las promueven el Ministerio de Justicia, la Defensoría Pública y el Consejo de la Judicatura.

El Ministerio de Justicia 


La propuesta se presentó en la Asamblea en enero del 2016. Esta busca sancionar al contrabandista según la cantidad de producto que lleve.

Así, por ejemplo, el proyecto de reforma sustituye el artículo 264, sobre tráfico y comercialización de hidrocarburos, y determina que en caso de que una persona sea encontrada con menos de 20 galones de combustible o con una cantidad menor a 300 kilogramos de gas licuado de petróleo (20 tanques de gas), la sanción será de seis meses a un año. Actualmente ese artículo propone penas que van desde uno hasta tres años.

También, el proyecto sustituye el artículo 265 del COIP. Allí se determinan condenas de cinco hasta siete años cárcel para el contrabando en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial. En esos lugares, si el tráfico es menor a 20 galones o menor a 300 kilogramos de gas de cocina, la condena sería de uno a tres años de prisión.

La Defensoría Pública  

El defensor Público, Ernesto Pazmiño, anunció que presentará un paquete de cambios al COIP para establecer una proporcionalidad adecuada de las penas con el delito. Las modificaciones que busca son en los delitos contra la propiedad como el robo, daño a bien ajeno, abigeato, sobre el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles, el contrabando y paralización de los servicios públicos. Además presentará cambios para que la prisión preventiva se utilice de manera excepcional.

El Consejo de la Judicatura

Esta entidad busca desde febrero pasado que se elimine la discrecionalidad cuando los jueces aplican el procedimiento abreviado. Primero plantea un techo para la reducción de condenas.

Y, segundo, limita este tipo de juicio para los casos leves y no para los juicios que puedan ser sentenciados con hasta 10 años de cárcel, como el abuso sexual, el lavado de dinero, delincuencia organizada, etc.

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