La presidenta Marllely Vásconez (der) informó a la Comisión de una tercera acción de protección por las reformas. Foto: Paùl Rivas / EL COMERCIO
La reunión fue breve. Apenas duró 20 minutos. Con siete asambleístas presentes, la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, Marllely Vásconez, instaló la sesión para definir el informe final de las reformas al Issfa e Isspol.
Antes de iniciar, la legisladora informó a sus compañeros que una nueva acción de protección fue interpuesta en contra de la Comisión, de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y del ministro de Defensa, Ricardo Patiño.
Por eso, Vásconez ordenó a la secretaria que lea en voz alta todas las acciones legales que han sido interpuestas, incluidas las dos anteriores, que fueron desestimadas por los jueces. En ellas, los demandantes decían que se vulneraron derechos constitucionales en la Asamblea, pues no se llamó en el proceso de comparecencias al Alto Mando militar ni a uniformados en servicio activo que conocen “técnicamente” el seguro de los soldados.
Ellos pedían a los jueces frenar el debate de las reformas en el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, esto no pasó, ya que en los fallos, los jueces afirmaron que los acusadores no presentaron pruebas suficientes.
Pero en la última demanda, que fue presentada el pasado 16 de septiembre y que se conoció el 21 de septiembre, se señala que las autoridades de la Asamblea y del Ministerio de Defensa vulneraron derechos como la “libertad de expresión y participación ciudadana”.
Mañana se conocerá si la justicia acepta o no esta acción legal. Abogados de la Asamblea asistirán al juzgado penal de Quito para defenderse.
Por eso, el 21 de septiembre la Comisión ya definió las fechas y el cronograma de actividades para elaborar el texto final del proyecto. De hecho, el próximo lunes en esa Mesa legislativa se analizarán las recomendaciones de los 20 asambleístas que intervinieron en el pleno durante el primer debate.
Antes de clausurar la reunión del 21 de septiembre, la principal de la Comisión, Marllely Vásconez, explicó a los asambleístas que “no se ha atentado con el derecho de ninguna persona”, pues aseguró que en la comisión no reposa ninguna solicitud de comparecencia de las tres personas que emprendieron las acciones de protección. “Tampoco del Alto Mando Militar”, aclaró la legisladora.
Además, recordó que según la norma legislativa, “todos los ciudadanos” pueden solicitar su comparecencia ante la Asamblea. “Eso sí, cumpliendo los procedimientos legales correspondientes”. En el caso del Alto Mando deben hacerlo con permisos otorgados por el Ministerio de Defensa. Así lo confirmó Fausto Cayambe, miembro de la Comisión.
En una entrevista con este Diario, el legislador señaló que los generales de las tres Fuerzas deben cumplir con el procedimiento administrativo.
Lo mismo acotó Vásconez, quien recordó que la Constitución (artículo 159) señala que las Fuerzas Armadas son “obedientes y no deliberantes”.
Pero la demanda del 16 de septiembre no es la única que se ha planteado para detener las reformas. El 21 de septiembre, el Frente de Pensionistas del Issfa y Defensa de FF.AA. interpusieron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos.
En esta acción internacional, aparecen como demandados el presidente Correa y el ministro, Ricardo Patiño.
Con esta medida, los militares intentan que el Estado responda por la deuda que tiene con el Issfa, además, de que se suspendan las reformas.
Sobre esto, el Jefe de Estado no se ha pronunciado. Pero el martes denunció que dentro de la Marina hay cuatro comités que están en contra de los cambios en el Issfa. Según Correa, esas agrupaciones estarían difundiendo “información tergiversada” a los soldados. “Hablan de la desaparición del Issfa y del régimen especial, esto es mentira, es para asustar a los militares”, señaló.
La misma denuncia la hizo el Ministerio de Defensa, que aseguró que en el momento se investiga a miembros activos de las FF.AA., que “intentan desestabilizar y crear una mala imagen del Gobierno”.