2 de enero de 2018 00:00

12 reformas anticorrupción deberán ser tramitadas este 2018

La Asamblea aprobó proyecto de Ley económico urgente el miércoles. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Las asambleístas Encarnación Duchi y Cristina Reyes proponen reformar el artículo 581 del COIP. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

Crear leyes, aumentar las penas, incluir nuevos delitos e imponer sanciones a empresas vinculadas con actos de corrupción. Estas son parte de las 12 propuestas que en este año deberá analizar la Asamblea Nacional, con el objetivo de frenar la corrupción en la administración pública.

Nueve de estas iniciativas se presentaron después de que en el 2017 estallara el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Otras tres iniciativas reposan en el Legislativo desde el 2016 y hasta el momento no han sido tramitadas. En este último grupo está el pedido de eliminar el informe de la Contraloría como requisito para que la Fiscalía pueda iniciar investigaciones por peculado o enriquecimiento ilícito.

El 29 de agosto del 2016, Cristina Reyes (PSC) ya expuso un paquete de tres reformas al Código Integral Penal (COIP) e incluyó el pedido para que se eliminara ese informe de Contraloría. Su criterio es que se trata de “un invento”, que en el 2014 se incluyó en la ley penal y “que va en contra de la norma constitucional”.

El artículo 195 de la Constitución señala que la Fiscalía es el único órgano facultado para perseguir los delitos. Este mismo argumento invocó el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, el pasado 20 de diciembre. Ese día compareció en la Comisión de Justicia de la Asamblea y dijo que ese requisito “condiciona el trabajo de los fiscales” y que se ha convertido en un limitante.

Tras las revelaciones del caso Odebrecht, más voces se han sumado a los pedidos de reformas. La Defensoría Pública y el Ministerio de Justicia critican la “desproporcionalidad” de las sanciones entre los delitos leves, como robos con violencia o abigeato, que se condenan hasta con 7 años de cárcel, frente a infracciones en las que está de por medio dinero público, como enriquecimiento ilícito. Este delito tiene penas de tres a cinco años.

El Consejo de Participación Ciudadana y los asambleístas Wilma Andrade (ID) y Mariano Zambrano (AP) proponen declarar la “muerte civil” de quienes sean sentenciados por corrupción. La sanción implica que la persona no pueda ejercer cargos públicos o participar en elección a dignidades del Estado. Algo parecido se plantea en la consulta que se resolverá este año.

Las reformas que han llegado a la legislatura

Eliminar el informe previo de la Contraloría

La Fiscalía, Defensoría Pública y las asambleístas Encarnación Duchi y Cristina Reyes proponen reformar el artículo 581 del COIP, para que se permita a la Fiscalía abrir indagaciones por peculado y enriquecimiento ilícito sin contar con el informe de la Contraloría.

Aumentar la sanción del tráfico de influencias

Cristina Reyes pide que este delito seaconsiderado una modalidad del peculado, pues se da cuando un funcionario entrega ‘contratos a dedo’. La pena actual del tráfico de influencias es de tres a cinco años de prisión, mientras que por peculado es de 10 a 13 años.

Declarar la muerte civil de los sentenciados

La propuesta es incluir la muerte civil como una sanción de por vida contra los funcionarios públicos o empresarios privados que sean condenados por delitos de corrupción. Eso implica que nunca podrán ser servidores ni candidatos para alguna dignidad gubernamental.

Sancionar el intento de cohecho entre privados

El asambleísta Mariano Zambrano solicita que se considere como una infracción penal el solo ofrecimiento de dádiva, retribución de cualquier clase o promesa por parte de personas particulares. El COIP actualmente sanciona esta práctica si se da en el ámbito público.

Impedir la contratación con empresas corruptas

Juan Cristóbal Lloret (AP) propone que se cambie la Ley de Contratación Pública y se impida que empresas vinculadas a actos de corrupción, con sentencias condenatorias, y funcionarios enjuiciados políticamente celebren contratos con las entidades del Estado.

Crear la figura de ‘investigación compleja’

El pedido que se permita a los jueces declarar como investigación compleja a expedientes especiales, donde se requieran asistencias penales internacionales o pericias. Esto implica que el plazo de investigación o instrucción fiscal se extienda de 90 hasta 180 días.

Tipificar la corrupción como un delito

El Consejo de Participación Ciudadana impulsa la creación de una ‘ley de manos limpias’. En ese documento se busca tipificar la corrupción como una infracción penal grave, autónoma a otros delitos como concusión o peculado, e imponer sanciones específicas.

Revisar la proporción de las sentencias

Para la Defensoría Pública y el Ministerio de Justicia hay desproporción en las sanciones que se imponen a las personas juzgadas por robo y abigeato (de cinco a siete años de cárcel) frente a casos de enriquecimiento ilícito o cohecho, que tienen penas de tres a cinco años.

Impedir la destitución de servidores judiciales

Con las figuras de error inexcusable, dolo y negligencia manifiesta, la Judicatura ha destituido a 711 jueces, fiscales y defensores públicos desde el 2011. La Defensoría Pública quiere eliminar esas figuras y limitar la potestad disciplinaria de la Judicatura.

Liquidar el patrimonio de sentenciados

Sancionar con la liquidación del patrimonio o disolución de la persona jurídica en los casos donde haya sentencia por peculado, cohecho, concusión y tráfico de influencias. El pedido es de Juan Lloret e implica reformar el Código de Organización Territorial.

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