30 de July de 2009 00:00

Reforma tributaria

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Miguel Macías Carmigniani

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El Gobierno a través de un paquete de reformas tributarias, va a modificar el anticipo del impuesto a la renta (IR), de tal manera que las empresas que actualmente tienen derecho para solicitar la devolución de lo pagado en exceso por concepto de ese anticipo, no puedan utilizarlo como crédito tributario, ni exigir su devolución.

Se pretende crear un impuesto a la renta único del 3% de los ingresos provenientes de la explotación agrícola, avícola, cunícola, pecuaria, piscícola y de la pesca artesanal. El impuesto a la renta variará  según la actividad productiva de la empresa, su facturación o de las utilidades que esta rinda.

Se pretende además incrementar del 1 al 2% el gravamen a la salida de capitales, exceptuando los montos de hasta 500 dólares, los cuales no estarían gravados con ese impuesto, lo que en mi opinión resulta negativo, porque  evitará que entren más divisas al país y, consecuentemente, va a alejar aún más la inversión extranjera que requerimos.

Para determinar y liquidar el IR de las personas naturales, actualmente se exoneran los ingresos provenientes de los dividendos y utilidades, calculados después del pago del IR, que son distribuidos por las compañías a favor de sus accionistas. Ahora se pretende que las personas naturales, residentes o no en el Ecuador, paguen una tarifa única del 5% sobre el 18% de los dividendos que reciben, y que los dividendos distribuidos a personas naturales o sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, paguen una tarifa del 25% sobre el 100% de los dividendos distribuidos, entre otras cosas, lo cual en mi opinión es ilegal, ya que se pagaría dos veces el impuesto a la renta sobre dividendos o utilidades: el primer pago lo haría la empresa que genera la utilidad y el segundo, el beneficiario del dividendo.

Otra reforma importante: los profesionales no podrán deducir para calcular el impuesto a la renta que deben pagar, costos o gastos relacionados con su actividad, que superen el 50% de sus egresos gravados.

En el caso de los constructores, cuando estos no lleven contabilidad o cuando esta no se ajuste a las disposiciones legales pertinentes, se presumirá en los contratos de construcción a precio fijo, unitario o global, que la base imponible es igual al 30% del total del contrato; y en caso similar, para los urbanizadores y lotizadores, se presumirá que la base imponible es el 45% del monto de las ventas efectuadas en el ejercicio fiscal.

Se ve que el Gobierno quiere con esta reforma tributaria solucionar sus problemas de liquidez, pasándole la cuenta al sector privado por el desmesurado gasto público en que ha incurrido en los últimos años.

Cualquier impuesto que se cree, temo que será trasladado al consumidor final, y por ende, el costo de la vida encarecerá.

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