10 de December de 2010 00:00

OTRA REFORMA PENAL

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La sesión solemne por el aniversario de la fundación española de Quito fue el marco elegido por el Primer Mandatario para anunciar propuestas de reforma y la posibilidad de una Consulta Popular.

El Gobierno se muestra preocupado sobre el tema que más lastima a un pueblo diariamente sometido al azote de la delincuencia y la violencia.

El Presidente envió a la Asamblea el proyecto sobre reformas a la Ley de Seguridad Pública para ampliar el marco de intervención de las Fuersas Armadas en el control interno.

Pero en materia penal, el anuncio presidencial no fue todavía acompañado con la acción: se esperaba el envío del un proyecto al Parlamento. Horas antes, un alto funcionario decía que se trataba de una lluvia de ideas; ahora se elaboran argumentos jurídicos que intentan pasar una reforma constitucional con el procedimiento de un análisis de la Corte Constitucional, sin pasar por el trámite legislativo.

Nadie debe dudar de la urgencia de ciertos cambios, pero muchos piensan que es hora de plantear la formulación de un nuevo Código Penal para superar el obsoleto vigente y no hacerle reformas parches (van 17 en cinco años), que a nada conducen y pueden enturbiar el marco legal vigente.

Desde la visión del bloque de Gobierno se piensa que los operadores de justicia son los responsables, sin recordar que esa misma fuerza política facilitó la extensión de los períodos, mientras la función de Control Social cercana al régimen dilata la renovación de jueces y magistrados.

El camino de las urnas tiene el riesgo que la dinámica de la tarima populista reemplace a la serena y profunda reflexión que el país demanda para atacar un problema crucial: la inseguridad que nos compete a todos y desborda el marco institucional de la Policía y del sistema judicial.

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