30 de December de 2009 00:00

La reforma penal, sin consenso en la Asamblea

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Redacción Judicial
judicial@elcomercio.com

Tres computadoras Pentium II y cuatro máquinas de escribir son las herramientas de trabajo de dos comisarías de Quito. Su archivo se compone de cientos de libros de contabilidad de pasta roja y unas tres páginas cuadriculadas.

Allí se registran  las denuncias de hurtos que reciben al día. Se inscribe el delito, la persona que denuncia, el lugar del hecho... En algunos libros caben las quejas de todo un mes, pero en otros solo alcanza para tres semanas.



Exhorto por seguridad
Con 89 votos a favor , la Asamblea aprobó emitir una exhortación al presidente Rafael Correa para pedir más  seguridad para las provincias fronterizas.
El asambleísta de  Izquierda Democrática (ID), Leandro Cadena, propuso que se incrementen los operativos de seguridad  en su provincia Carchi.  El documento solicita  al Ejecutivo   que se amplíe el estado de excepción para Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas e Imbabura.

La Asamblea propone que  esos casos de hurto  por montos mayores a USD 21,8 sean nuevamente tramitados por la Fiscalía y por los juzgados.
Eso implica que los archivos de las comisarías deberán entregarse a la Función Judicial. No obstante, los archivos no están digitalizados y por el momento no se contempla esa posibilidad.
  
La propuesta de reformas al Código Penal y al de Procedimiento Penal establece la retroactividad de la norma para que “se garantice el debido proceso y el acceso a la justicia de todos”.
 
Pero para las Comisarías esta “agilización” judicial crea un problema para su trabajo, pues deberán entregar las denuncias recibidas desde el 24 de marzo pasado hasta el momento en que se apruebe la nueva Ley. Y no han podido sistematizar las quejas por falta de presupuesto y de equipos informáticos  en las dependencias del país.

Según la Fiscalía, no será difícil asumir la nueva carga procesal. Este punto fue decisivo para aprobar la anterior reforma legal. Pues el fiscal general, Washington Pesántez, aseguró que el organismo no podía dedicarse a resolver delitos menores y olvidarse de los grandes casos. Por ello pidió que se eleve el monto para que se considere una contravención y un delito (USD  654).

No obstante, ante las críticas, dio marcha atrás. Y ahora el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, asegura que se ha triplicado el número de agentes en
el país, “para cumplir cualquier demanda”. Aunque  prefiere evitar pronunciarse sobre el proyecto, porque la Asamblea recién empezó ayer el primer debate legal.

El Pleno del Legislativo inició el tratamiento cerca del mediodía. Y hay algunos puntos en los que los asambleístas de País no están de acuerdo. Uno de ellos es precisamente la retroactividad de la norma penal, pues consideran que es una violación al debido proceso. Ya que se inició su trámite con una ley anterior.

Sin embargo, estas modificaciones se plantearán a la Comisión de Justicia de la Asamblea, para que sean incluidas en el informe para segundo y definitivo debate.

Asimismo, los asambleístas no están de acuerdo con el monto para que se considere como delitos a  los hurtos y los robos. “Eso es algo que se va a debatir al interior del movimiento. Aunque fueron algunos asambleístas de País los que redactaron el proyecto”, afirmó Vethowen Chica, coordinador del Movimiento País.

El debate del proyecto se suspendió ayer porque en la tarde estaba previsto que se realice una reunión de los jefes de bloque de la Asamblea para tratar el acuerdo multipartidista sobre  la Ley de Comunicación. La discusión de las reformas penales será retomada la primera semana de enero.

Además, la Asamblea espera la entrega del proyecto de nuevo Código Penal, de Procedimiento Penal y de Ejecución de Penas, que está en creación en el Ministerio de Justicia.  En principio se había establecido que el nuevo cuerpo legal sería entregado en diciembre, pero, según la Cartera de Estado, todavía falta  socializar el proyecto entre los diferentes actores del sistema judicial del país.

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