5 de abril de 2016 00:00

Red de pases en la Policía es indagada por vulnerar 5 filtros

Hace 8 días, Interpol trajo desde Colombia a dos policías investigados por este caso.

El 21 de marzo llegaron a Ecuador dos policías deportados e indagados en el caso. Foto: Archivo Paúl Rivas/ EL COMERCIO

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Fernando Medina
(I)
seguridadec@elcomercio.com

Las solicitudes de pases eran registradas en libretas escritas a mano. Son 96 hojas que contienen los nombres y cargos de los policías que pidieron el cambio de una ciudad a otra.

En esos listados incluso están los datos de quienes los autorizaban y sus firmas. Por eso, la Fiscalía indaga esos detalles para identificar si los pedidos hacen parte de los más de 3 000 pases ilegales que se gestionaron entre octubre del 2014 y julio del 2015 dentro de la Dirección de Personal de la Policía.

Durante ese tiempo, la organización delictiva que presuntamente lideraba un teniente logró vulnerar unos cinco filtros que tiene el proceso para otorgar un pase de forma legal.
Por eso, actualmente 27 personas son procesadas.

Altos oficiales que conocen estos trámites hablaron con este Diario y dijeron que todo empieza con una solicitud que el uniformado envía por la Internet a la Dirección de Pases.
En el documento digital se especifican las razones por las que se hace la petición.

Luego viene el resto de etapas, que pasa por la verificación de datos, el análisis de las plazas solicitadas y las firmas de las autoridades correspondientes. Todo el trámite puede tomar, en el mejor de los casos, una semana. Caso contrario dura un mes o más, según un alto oficial que habló con este Diario.

Sin embargo, la red de corrupción policial acortaba todos esos tiempos y concretaba los pases en tres días. Esto ocurría porque dentro de la Dirección de Personal aparentemente laboraban agentes que conocían del mecanismo delictivo y evitaban que los pedidos ilegales tengan trabas.

De hecho, el excomandante de la Policía, Fausto T., quien también está detenido para investigaciones, asegura en su versión ante la Fiscalía que durante su gestión no se le hizo conocer “estas fallas administrativas”.

Además, señala que si en el proceso se detectaba que un solicitante no cumplía con la reglamentación, el Analista de Pases “tenían la obligación de elaborar un parte informativo al Director de Personal” y que era él quien “mediante oficio, debía hacerle conocer al Comandante General”.

Pero eso no ocurrió, ya que ninguno de los pases se sometió al proceso regular. Los nombres de los solicitantes saltaban todos los filtros y al final en el sistema aparecían con el concepto “pedido de autoridad civil”. Sin embargo, ninguno detallaba el nombre de la autoridad que lo solicitaba. Este detalle ayudó a detectar una anomalía en el sistema.

Luego se supo que la organización cobraba entre USD
1 000 y USD 2 000
por cada trámite acumulando en 10 meses cerca de USD 6 millones.

Pero la vulnerabilidad no solo se dio en la Dirección de Personal. La Comisión Técnica de Pases que preside el viceministro del Interior, Diego Fuentes, tampoco informó “ninguna anomalía, ilegalidad o irregularidad”. Eso también se lee en la versión del ex Comandante, quien señala que “las actas (de pases) fueron firmadas legalmente por todos los vocales y por el Viceministro”.

En una entrevista que Fuentes mantuvo con EL COMERCIO, el pasado 24 de marzo, el funcionario señaló que fue él, junto con el ministro José Serrano, quien detectó las anomalías y denunció.

En la denuncia, con fecha 1 de mayo del 2015, el viceministro Fuentes señala que “una organización conformada por policías presumiblemente captaban y negociaban pases con supuesta venia de órdenes superiores”.

El día de la entrevista, el funcionario aseguró: “Para nosotros no nos queda ningún margen de sorpresa que las personas que están detenidas estén alardeando con acusaciones para tratar de volverse víctimas en un acto que ellos eran los responsables, pues la Policía con sus autoridades los desarticuló”.

En las indagaciones de la Policía también se reveló que una de las razones por las que un agente pagaba para cambiarse de plaza era para estar en la ciudad donde vive su familia.

Ellos hacen parte del 35% de agentes que está fuera de su ciudad de origen. Con el Plan Nacional de Pases se pretende una “mejor distribución del personal” para que en su mayoría laboren en sus ciudades o a unas cinco horas de ellas.

El Plan también contempla que los jóvenes y solteros ocupen las plazas de trabajo más alejadas.

Los cinco pasos que se debe cumplir regulamente

El interesado 
envía un pedido vía Internet a la Dirección de Pases con las razones para el cambio: asuntos familiares, calamidad doméstica, estudios, enfermedad...

El pedido entra oficialmente al sistema electrónico y se coloca según el orden de llegada. De eso también depende que sea despachado por las autoridades.

El personal
 autorizado verifica si el uniformado ha cumplido con los dos años de servicio en una unidad, requisito primordial para acceder al cambio de ciudad.

En talento humano se analiza si hay plazas de trabajo en la ciudad a la que se pidió el cambio, sino se verifica un lugar que esté a pocas horas de la ciudad solicitada.

El documento llega al Director de Personal. Este emite un informe y envía a la Comisión de Pases y hace conocer al Comandante Gral. Luego se notifica al policía.

En contexto
El año pasado, la Policía empezó una auditoría interna para identificar a quienes se beneficiaron de la entrega de unos 5000 pases. De comprobarse, los uniformados podrían tener sanciones desde llamados de atención hasta la separación de la entidad.

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