Hubooperativos en Imbabura, Esmeraldas, Pichincha,Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos y Sto. Domingo. Foto: Ministerio del Interior
Tras seis meses de investigaciones, 460 policías de grupos élite montaron ayer (13 de diciembre del 2017) un megaoperativo en nueve provincias y capturaron a 51 personas. En ese grupo están funcionarios públicos y privados, tramitadores y policías activos.
Ahora, ellos son investigados porque aparentemente cobraban de forma ilegal USD 2 500 para que los conductores recuperaran puntos en sus licencias. Quienes querían una licencia profesional (Tipo E) debían pagar USD 3 000.
En cambio, por omitir la prueba para renovar el permiso de conducción cobraban USD 125. Aumentar las frecuencias de cooperativas interprovinciales costaba 30 000.
Los primeros datos se conocieron cuando los policías llegaron a las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito, en Quito. Mientras los agentes permanecían en el interior, la atención fue suspendida.
A través de un comunicado, la ANT confirmaba que desde la mañana se realiza un proceso investigativo, por lo que el sistema “puede presentar intermitencias a escala nacional”.
Minutos después, el ministro del Interior, César Navas, daba más detalles del caso.
De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos incluso cobraban USD 200 para evitar la revisión vehicular, USD 500 por falsificar el pago al impuesto al rodaje. Mientras que el costo por la eliminación de multas por infracciones de tránsito dependía del valor que reflejaba el sistema.
Entre los funcionarios arrestados están técnicos, digitadores, ayudantes, analistas de información, supervisores de licencias. Ellos pertenecen a la Agencia de Tránsito.
Además, aparece personal de escuelas de conducción.
Durante la incursión policial se realizaron 48 allanamientos.
Allí se confiscó una máquina impresora de licencias, 102 especies en blanco, 98 con sello y USD 9 200 en efectivo.
Pablo Calle, director de la ANT, indicó que con base en denuncias esa entidad ha separado a 200 funcionarios en los últimos seis meses.
Según el funcionario, una parte de las personas apresadas laboraba en la sede matriz de la agencia, en Quito.
Thania Moreno, fiscal de Pichincha, adelantó que los sospechosos pudieron haber incurrido también en el presunto delito de falsificación y uso doloso de documentos.
Esta aseveración se basa en el hallazgo de una máquina impresora de licencias, que permanecía en la casa de un supuesto tramitador.
Ramiro Mantilla, comandante general de la Policía, lamentó que cuatro uniformados figurasen entre los detenidos. Por eso adelantó que seguirán con la separación de malos elementos.
Luego del operativo también habló el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, José Gálvez.
Desde Guayaquil, Gálvez sostuvo que en contra del funcionario arrestado en esa entidad se iniciarán acciones administrativas, para investigar cómo actuó. “Seguramente, (la indagación) generará en su momento la salida del cargo”.
Con base en los primeros datos recibidos, Gálvez indicó que en el Puerto Principal los sospechosos aparentemente borraban la reducción de puntos en las licencias y las multas a los conductores. “Hay un sistema que se está investigando que borra la multa por un lapso de dos o tres horas. Usted va, saca su licencia y en el sistema aparece que no tiene multas y después esta vuelve la cifra”.
Tras conocer el caso, el funcionario lo comunicó a las oficinas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Desde allí, en cambio, se informó al Ministerio del Interior y se inició la indagación.