18 de December de 2009 00:00

Todos los recursos que generen las federaciones se auditarían

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Redacción Guayaquil
guayaquil@elcomercio.com

El artículo 145 del proyecto de Ley del Deporte plantea  que “las instalaciones públicas y privadas para la educación física, el deporte y la recreación estarán libres de barreras arquitectónicas, garantizando la accesibilidad a su edificación y a sus espacios internos y externos”.

La disposición  14 del texto propone  “de utilidad pública todos los bienes muebles e inmuebles de las federaciones deportivas provinciales a partir de la vigencia de la presente ley”.
 
La Ley vigente  impide a la Contraloría General del Estado auditar los ingresos propios de las federaciones provinciales. El proyecto que se discute en la Asamblea    propone    que estos organismos deberán rendir cuentas  por  los recursos que generan los escenarios deportivos por arriendo, publicidad, etc.
 
El Ministerio del ramo será el encargado de vigilar que esos ingresos  sean revertidos en el mantenimiento de las instalaciones.

La propuesta para que  federaciones  provinciales pasen a ser públicas fue presentada  por la Comisión Ocasional de Deportes después de que la Asamblea Nacional    analizó el proyecto en un primer debate.

El presidente de la Federación Deportiva del Guayas, José Luis Contreras, dice que “se trata de una confiscación”, mientras que el Ministerio del Deporte argumenta  que se trata   de “una disposición incluyente que fomentará   la actividad física”, según      el viceministro Jeff Escalante.

La intención del proyecto es, según el funcionario de Estado, identificar las necesidades y el estado físico de  los escenarios deportivos del país.

Para conocer esos detalles se  realizará en enero  un censo de todas las instalaciones que hay en el país, “lo que servirá  para focalizar los recursos de una manera más acertada”, agregó Escalante.
 
La Concentración Deportiva de Pichincha administra 65 escenarios y la Federación  de Guayas 10. En las otras 23  provincias no hay un registro oficial. 

Según Escalante, los escenarios  no han sido utilizados para lo que fueron concebidos: “La práctica deportiva”. Fedeguayas, por ejemplo, tiene ingresos anuales que llegan   a los USD 200 000 por el alquiler del estadio Modelo Alberto Spencer y por el coliseo Voltaire Paladines Polo. 

Las federaciones provinciales continuarán administrado esos  escenarios, pero se deberán  elaborar las normativas necesarias para el uso de esos espacios.

Puntos de vista
 Luis Noboa
Asambleísta  
 
Hay que respetar la autonomía deportiva
    
Como miembro de la Comisión Ocasional de Deportes, respaldo la autonomía que exigen las federaciones deportivas provinciales. También ello   incluye  a sus escenarios e instalaciones deportivas, así lo estipula el artículo 382 de la Constitución de la República.  El Gobierno,  y particularmente el Ministerio del Deporte, no pueden involucrarse en la administración deportiva y menos debe  intentar controlar los escenarios porque seguramente los utilizarán para realizar sus mítines políticos. La ciudadanía debe tener acceso al deporte, pero a través de las federaciones.   
 
Carlos Góngora
Boxeador  
  
El  deportista  no tendrá privacidad 
Si los escenarios deportivos pasan a ser de utilidad pública se afectará la concentración de los deportistas de élite que nos beneficiamos de esas instalaciones. Además, no podremos disponer libremente de esos espacios porque estarán copados de personas que no forman parte del deporte de alto rendimiento. El Ministerio del Deporte  y las federaciones deportivas provinciales deberán elaborar las  normativas de uso para estos espacios sin que se afecte la preparación de los deportistas de élite. Somos nosotros quienes   necesitamos  estos escenarios para prepararnos.

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