21 de octubre de 2014 21:52

Aclaración a pedido de Paúl Mena Zapata, coordinador General de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 11
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 2
Contento 0
Redacción EL COMERCIO

En referencia a la nota de prensa publicada en la página web de Diario El Comercio con fecha 21 de octubre de 2014, titulada “Fernando Alvarado no rindió su versión en el caso MCSquared”, me permito emitir las siguientes aclaraciones:

Las leyes nacionales son claras: sin un examen previo de la Contraloría General del Estado no se puede emprender el proceso penal al que se hace referencia en la publicación. Cabe aclarar que en la actualidad, el organismo de control del Estado ejecuta un examen especial a los procesos contractuales con la empresa MCSquared,

El informe previo del organismo de Control es un requisito contemplado en los artículos 411 y 581 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Por consiguiente, no puede ser omitido. Este hecho fue comunicado oportunamente a la Fiscalía General del Estado ante la convocatoria que se hiciera al Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado.

A propósito de la publicación, cabe destacar que fue el propio Secretario Nacional de Comunicación quien pidió públicamente, a través de su cuenta de Twitter, que el organismo de control correspondiente emprenda una auditoria al contrato en mención, en el marco de sus competencias, por lo cual la Secretaría Nacional de Comunicación estará dispuesta a prestar toda la colaboración necesaria para que se revise cada uno de los hechos presentados en la denuncia, una vez que se haya cumplido el requisito de procedibilidad legal, establecido en la ley.

Finalmente, frente a la invitación que habría realizado el Asambleísta Andrés Paéz, que se menciona en su nota de prensa, pongo en su conocimiento que todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de levantar el sigilo de nuestras cuentas bancarias, de ser necesario, ante el órgano de control correspondiente, en conformidad con el artículo 231 de la Constitución de la República y el artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Por tanto, la invitación del Asambleísta Páez no cabría dentro del ordenamiento jurídico vigente, y constituiría otro show mediático a los que nos tiene acostumbrado el político de CREO.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (1)
No (0)