22 de December de 2009 00:00

Reconocimiento

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Miguel A. Vasco

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El golpe de Estado en Honduras, de 28 de junio último, y las elecciones presidenciales de 29 de noviembre han puesto de relieve el estatuto jurídico político del reconocimiento de gobiernos, en virtud de las dispares reacciones suscitadas por estos sucesos.

Hay Estados que se han pronunciado a favor del reconocimiento del nuevo Gobierno y otros que han obrado en sentido opuesto,  negando legitimidad al proceso electoral. Esta conocida figura del Derecho de Gentes está conectada ahora con los contenidos de la Carta de la OEA y  la Carta Democrática Interamericana, instrumentos vinculantes.

Conviene recordar, a título ilustrativo, el tradicional sistema de reconocimiento de gobiernos cuando se producen cambios inconstitucionales en el Gobierno de un país. En tal situación, el reconocimiento no significa aprobación de la política del nuevo Gobierno o  testimonio de legitimación del cambio de régimen sino la constatación de un hecho. En efecto, el Gobierno emergente no solicita expresamente su reconocimiento sino que se limita a comunicar el hecho a cada uno de los Estados y su deseo de mantener con ellos relaciones amistosas.
 
Hay dos doctrinas tradicionales y una de reciente data. La formulada por el canciller del Ecuador, doctor Carlos R. Tobar, postula el no reconocimiento de los gobiernos de hecho hasta que sean legitimados constitucionalmente por el pueblo (1907). El canciller de México, señor Genaro Estrada (1930), sostenía en cambio que el reconocimiento constituye intromisión en los asuntos internos de otro Estado, razón por la cual su país se limita  a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, y recibir a los foráneos. Se trata de un reconocimiento tácito, no expreso. Esta doctrina ha prevalecido  en la práctica y ha sido adoptada por muchos países, entre ellos Ecuador. El presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt (1963), proclamó que su país practica el no reconocimiento diplomático a los gobiernos de hecho “cuando resulten del derrocamiento de regímenes de legítimo origen comicial”.
 
La democracia es tema de interés prioritario para el conjunto de la comunidad hemisférica, que cuenta con normas específicas para su defensa y promoción. Por eso se le suspendió al Gobierno de facto de Honduras en su derecho de participación en los principales órganos de la OEA, según el sistema vigente. La nueva elección popular proclamó a otro mandatario y el Congreso negó la restitución de Manuel Zelaya, presidente destituido, quien tenía el apoyo político de varios países. Este complejo panorama institucional pone en evidencia la fragilidad de los procesos democráticos de la región.

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