12 de septiembre de 2016 15:42

Juntos Podemos reclamó al CNE por retiro de vallas y firmas descalificadas

Paúl Carrasco, prefecto de Azuay y precandidato presidencial, acudió al Consejo Nacional Electoral para entregar dos reclamos. Foto: EL COMERCIO

Paúl Carrasco, prefecto de Azuay y precandidato presidencial, acudió al Consejo Nacional Electoral para entregar dos reclamos. Foto: EL COMERCIO

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Ana María Carvajal

El prefecto de Azuay y precandidato presidencial Paúl Carrasco acudió este lunes 12 de septiembre del 2016 a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, en Quito, para entregar dos reclamos. El primero fue una apelación a la decisión del CNE de no otorgar vida jurídica al movimiento Juntos Podemos, que él pretendía registrar como nacional.

La agrupación política no logró su inscripción para participar en las elecciones con lista propia. Tras el proceso de validación de firmas no alcanzó el mínimo requerido, equivalente al 1,5% del padrón electoral usado en los últimos comicios.

Según Carrasco, su organización presentó alrededor de 758 000 firmas de adhesión, pero al menos 300 000 de ellas fueron invalidadas por supuestamente pertenecer a otras tiendas políticas.

El precandidato a la Presidencia por el frente de la Unidad dijo que desde junio pasado ha solicitado información sobre quiénes son las personas que constan en otros registros. "Es nuestro justo derecho saber si efectivamente esas firmas están realmente en otras organizaciones", comentó.

La organización presentó alrededor de 758 000 firmas de adhesión, pero al menos 300 000 de ellas fueron invalidadas por supuestamente pertenecer a otras tiendas políticas, según Paúl Carrasco. Foto: EL COMERCIO

La organización presentó alrededor de 758 000 firmas de adhesión, pero al menos 300 000 de ellas fueron invalidadas por supuestamente pertenecer a otras tiendas políticas, según Paúl Carrasco. Foto: EL COMERCIO

Sin embargo, el CNE ha negado este y otros pedidos similares, bajo el argumento de que la filiación política, así como otros datos personales, es confidencial, según lo establece la Constitución.

Pero Carrasco considera que la información debería facilitarse, tomando en cuenta que una persona al entregar su firma y número de cédula para adherirse a un movimiento, autoriza a que esta forme parte del registro de la tienda a la que apoya. Agrega que debería informarse si se trata de adherentes permanentes o no, porque su actuación dentro de una tienda política varía en este caso.

También considera que se debería respetar el orden de prelación, para que si una persona se adhiere a más de un movimiento, prime el último al que apoyó y se invalide el anterior. Sin embargo, el Código de la Democracia no lo permite, pues exige que antes de firmar por una nueva organización, las personas deben registrar su desafiliación de la anterior.

Paúl Carrasco, prefecto de Azuay y precandidato presidencial, acudió al Consejo Nacional Electoral para entregar dos reclamos. Foto: EL COMERCIO

Paúl Carrasco, prefecto de Azuay y precandidato presidencial, acudió al Consejo Nacional Electoral para entregar dos reclamos. Foto: EL COMERCIO

El segundo reclamo fue el retiro de vallas publicitarias que ordenó el Consejo Nacional Electoral, en las cuales aparece la imagen de Carrasco. Él considera que esa decisión no procedía, porque aún no se ha convocado a elecciones, tampoco hay candidatos inscritos y no se puede considerar publicidad anticipada.

"No estoy usando vallas publicitarias como Prefecto del Azuay, no estoy utilizando publicidad por mi cargo, no soy candidato ni tengo movimiento político registrado. No estoy pidiendo el voto por un número", dijo.

Por eso pidió al CNE que explique por qué una persona no puede promocionar su imagen con estos mecanismos, para darse a conocer. Si no es así, ¿cómo lo puede hacer?, dijo el precandidato.
Agregó que se retiró de forma antitécnica el material, porque "cortaron la estructura de las vallas, en perjuicio del sector privado que ha dado el servicio".

Carrasco afirma que autoridades del Gobierno lo han acusado de colocar 230 vallas, cuando en realidad son 130 y considera que hay injerencia en el trabajo del CNE desde el Gobierno.

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