28 de November de 2009 00:00

El reclamo de la autoridad pública a los medios tendrá más poder

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Redacción Política
politica@elcomercio.com

El proyecto de ley de Comunicación, listo para primer debate en  la Asamblea Nacional,  plantea nuevas normas con respecto al derecho de rectificación, réplica y respuesta con el que cuenta  una persona que se sienta afectada por la  información publicada en un medio de comunicación.



En otros países
La legislación de  Chile   sostiene   que toda persona  ofendida o injustamente aludida por algún  medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.

La Ley de Comunicación venezolana  dice: “ El derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.
La Convención Americana  sobre Derechos Humano, en su artículo 14, dice: “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión (…) tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. En ningún caso, la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que se hubiere incurrido".


Según el artículo 18    de la propuesta legal,    “toda persona afectada por información sin indicio alguno, inexacta, incontrastada y que agravie su honra, publicada a través de un medio de comunicación y/o por un medio de comunicación, tiene derecho a la rectificación correspondiente en forma fundamentada, obligatoria, inmediata y gratuita, en el mismo espacio impreso y con las mismas características”.
 
El derecho de rectificación constaba en la Constitución de 1998, en el  capítulo de los derechos civiles. En síntesis, se  señalaba  que “la persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación”.

Aunque este derecho ha formado parte de legislaciones pasadas, la Comisión ocasional que redactó el  proyecto de ley de Comunicación ha querido retomarlo. Pero,  a criterio de   Farith Simon,   catedrático de la Universidad San Francisco, la redacción del  texto en mención es ambiguo, lo que da pie a varias interpretaciones.

Su argumento es que la propuesta  beneficia más a las autoridades públicas, pues ellas están en la posibilidad de entregar o no, de manera previa,   información oficial sobre un  tema  motivo de publicación. Esta atribución discrecional deja a los medios expuestos a innumerables  rectificaciones. Cabe anotar que si bien existe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, las instituciones públicas no la cumplen a cabalidad.   

Un elemento adicional  es el plazo para las rectificaciones. La propuesta oficialista indica que esta se deberá producir “48 horas laborables contabilizadas a partir del momento en que el medio reciba la solicitud de la persona afectada”. Para el caso de los medios con periodicidad semanal, quincenal o mensual se hará en la siguiente edición o emisión.

El jurista Antonio Rodríguez reconoce la obligación que tienen los medios de comunicación para hacer sus  rectificaciones.   Sin embargo, considera que este plazo debería correr desde el momento en  que la persona que se sienta perjudicada presente las pruebas que así lo demuestren. En este tema, el informe de minoría, firmado por César Montúfar (Concertación Nacional), Cynthia Viteri (Madera de Guerrero) y Fausto Cobo (PSP) propone que el plazo para rectificación sea de  30 días.


La norma  del oficialismo tiene otro elemento implícito: que los  funcionarios que exijan una rectificación expresen  sus puntos de vista, pero sin la posibilidad de que ser replicados o rebatidos. 

Por otro lado,   la rectificación no procederá  cuando el medio de comunicación únicamente  retransmita mensajes de autoridades del Estado, a través de cadenas de radio y televisión,  anuncios  oficiales y cuando se trate de espacios contratados.
  Montúfar   y Rodríguez coinciden en que  la ley también deberá  establecer responsabilidades para las autoridades que, usando los medios, insulten y difamen.

Punto de vista
José Villamarín/ Ciespal
 ‘La propuesta de Alianza País tiene tres partes’

 El Art. 18 amerita ser analizado en tres direcciones. Primero, el derecho a la rectificación como tal debe ser aplicado en forma irrestricta, de manera obligatoria y gratuita, en el mismo espacio y con las mismas características. El plazo de 48 horas me parece suficiente, pues se asume que el medio difundió información fundamentada, por lo que, frente a una solicitud de rectificación, sabrá de inmediato si rectifica o si se mantiene en su posición. Incluso, creo que debería existir una disposición legal para el caso de incumplimiento por parte del medio.

Segundo, no me parece ni justa ni correcta la exención de esta obligación en el caso de  difusión de mensajes oficiales a través de cadenas  o cuando se trate de espacios contratados. Para estos casos, debería también reglamentarse cómo garantizar este derecho ciudadano; de lo contrario, debería eliminarse este acápite.  Finalmente, considero que no está claro el significado exacto de réplica, que no es igual a rectificación. Debería clarificarse.

Punto de vista

Simón Espinosa/ Periodista
‘Hay cierto  ánimo de acaparar la información’
 
Antes de que exista disposición legal alguna, los medios de comunicación están en la obligación ética de realizar la rectificación, en el caso de que alguna persona se sienta afectada por una publicación. Y eso se ha estado cumpliendo.

En algunos casos, las personas afectadas han recurrido a instancias jurídicas por alguna publicación.

Creo que, en caso de que se apruebe la norma propuesta por Alianza País, esta tendría dificultades para ser aplicada. En varios medios de comunicación he leído y he escuchado que las autoridades no entregan información oficial de manera oportuna. Eso va a ser un problema para los medios de comunicación para tener la versión oficial de cualquier tema que se publique.

Noto que hay un ánimo por  acaparar la información en las autoridades oficiales y que solo se difunda su punto de vista. Eso se evidencia en todos los mensajes oficiales, sea  estos a través de los enlaces  de los sábados o en las cadenas nacionales.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)