30 de December de 2009 00:00

La raya final

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Carlos Larreátegui

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El arbitrario cierre de Teleamazonas y Radio Arutam  ha provocado duras críticas internas y externas.

Los principales rotativos de Iberoamérica han calificado a la medida como desafortunada y han advertido los riesgos que corre el Ecuador en materia de libertad de expresión.

No han faltado las comparaciones con Chávez y las aseveraciones de que el Ecuador ha desterrado los valores políticos de Occidente que marcaron su historia.

Los costos políticos de esta medida han sido enormes y valdría preguntarse si, como dicen Alberto Acosta y otros críticos, la medida fue adoptada de manera torpe, visceral y, por las fechas, totalmente inoportuna.

Si bien la cólera es un componente fundamental de casi todas las decisiones gubernamentales, hay elementos que permiten pensar que la decisión de clausurar esos medios fue debidamente sopesada y que tenía como objetivo dinamitar el acuerdo legislativo logrado para la ley de Comunicación y lanzar una advertencia a los legisladores de AP que se atrevieron a suscribir el acuerdo sin  consentimiento expreso del Régimen.  El explosivo debía ser detonado el mismísimo día en que la Asamblea debía  discutir el proyecto de ley. Si los cierres del canal y la radio hubieren sido ordenados en otra fecha, la Ley de Comunicación habría alcanzado consensos que contrariaban la férrea postura del Régimen. Parecería, entonces, que algunos legisladores de oposición hicieron una lectura equivocada de los hechos y se precipitaron al romper el acuerdo legislativo, logrando que el Gobierno alcanzara más fácilmente sus objetivos.

Las leves fisuras que comienzan a dibujarse en el bloque de AP constituyen una seria amenaza para el proyecto de concentración de poderes que persigue el Gobierno.

Algunas leyes sustantivas no han sido aún discutidas y a medida que el tiempo pasa, la credibilidad del Régimen continúa en franco  descenso. Por ello, parecería que el Gobierno ha decidido trazar, de una vez por todas,  una línea muy parecida a la que Pizarro marcó en la Isla de Gallo para saber con quiénes  cuenta.

Con ello, el Presidente ha colocado a la Asamblea en una difícil encrucijada: si sus afanes “independentistas” prosperan, el Gobierno podría jugarse una última carta y disolverla, a pesar del enorme riesgo que eso entrañaría; si la Asamblea, en cambio,  retorna mansamente al redil, su credibilidad seguiría en picada y habría mayores argumentos para que  algunos incipientes grupos de oposición avancen en la revocatoria, total o parcial, del mandato legislativo.  La hipótesis cobra más fuerza si escuchamos con detenimiento la última sabatina en la que el Presidente habló de la posibilidad de someter su mandato a una revocatoria. Difícil pensar que esto no arrastre a los actuales legisladores.

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