Ratifican a aliado de Ortega como directivo del Banco Central de Nicaragua

La Asamblea Nacional (Parlamento) ratificó hoy, lunes 16 de julio, al empresario Leonardo Torres, aliado del presidente Daniel Ortega, como nuevo miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), en sustitución del líder empresarial José Adán Aguerri, quien renunció.

El nuevo directivo del banco emisor del Estado, nombrado por el Ejecutivo, fue ratificado por 74 votos a favor, 11 en contra y una abstención, mientras que el resto de los diputados presentes no votó o no llegó al hemiciclo, de un total de 92 escaños, dijo el titular del Legislativo, el sandinista Gustavo Porras.

Torres se alió con Ortega a raíz del diálogo nacional con el que el Gobierno y una gran alianza opositora, con la mediación del Episcopado, buscan superar una crisis sociopolítica iniciada el 18 de abril pasado que se ha cobrado, desde entonces, al menos 351 vidas.

A raíz de esa decisión, el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) suspendió a Torres como su presidente, por supuestamente "extralimitarse en sus funciones", al formar parte del comité del Gobierno en el diálogo nacional.

Hasta antes del 16 de mayo, cuando inició el diálogo nacional, Torres hacía grupo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, representada por empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos, y que es la contraparte del sector gubernamental en las negociaciones.

No obstante, el empresario, de manera sorpresiva, se hizo defensor de los intereses del Gobierno, a quien diversos sectores de la población nicaragüense responsabilizan por la crisis que atraviesa el país.

El cambio de posición de Torres coincidió con su nombramiento, por parte de Ortega como nuevo integrante del Banco Central.

Nicaragua cumple este lunes 90 días de crisis sociopolítica, que acumula al menos 351 muertos, según organismos humanitarios, la más sangrienta desde 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

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