Como si fueran las piezas de un mosaico multicolor llamado destino, cada hecho, cada personaje que Ramón Piaguaje conoció, lo llevaron a cumplir su sueño de infancia: pintar la exuberante Amazonia. Antes de que el 17 de febrero de 2000 recibiera de manos del príncipe Carlos de Inglaterra el Premio Mundial de Pintura, ‘Mi país en el 2000’, el artista secoya se dedicaba a la cacería y a la agricultura para mantener a su esposa, Amanda Suiquigua, y a sus cuatro hijos.
Sin embargo, no dejó de pintar su bosque de árboles centenarios, las orquídeas y las lianas, los ríos todavía claros en el Cuyabeno.
Todo comenzó en la escuela del Instituto Lingüístico de Verano (ILV). Allí, Piaguaje (nació en 1962, en una comuna secoya a una hora en lancha al este de Shushufindi) dibujaba con lápiz y carbón. Pronto los misioneros descubrieron su talento, en especial dos: Elías Johnson y Guillermo Vickers, quien organizó su primera muestra en Quito (1994). Vendió los 30 cuadros de 30×40 cm.
En la capital, Stella Barrera le informó del concurso mundial. Primero ganó el nacional -entre 179 pintores-. Luego, el mundial -entre 255 cuadros de 21 países-. Le entrevistó la BBC. Y su cuadro ‘Amazonia eterna’ cautivó.
Entrevista
Rosana Alvarado. Asambleísta de Alianza País
Las facultades que la Ley da al Consejo son exageradas
Redacción Política
Hagamos una radiografía del proyecto de Ley de Medios. ¿Qué es lo positivo?
Hay algunos puntos rescatables, especialmente aquellos que fueron aprobados por unanimidad. Temas como la objeción de conciencia y la responsabilidad ulterior deben ser analizados desde una perspectiva más amplia como señala la Corte Interamericana de DD.HH. Por eso no podemos archivar el proyecto, debemos mejorarlo.
¿Lo negativo?
Lamentablemente, los puntos más negativos son el Consejo de Comunicación, las facultades sancionadoras, el registro de medios y la profesionalización.
¿Por qué no comparte la sanción administrativa?
Hay que mirar lo que establece el Código Penal. Por ejemplo, hablamos de delitos por atentar contra la seguridad nacional o del Estado, que están tipificados en el Código Penal. Entonces, difícilmente podemos establecer nuevas sanciones. La Ley, por esencia, no debe ser sancionadora, más aún cuando la tendencia es eliminar los delitos de opinión. Esa es la tesis del nuevo derecho penal y una manera de terminar la forma perversa de perseguir a la opinión pública.
¿Por qué está aquí?
Su experiencia. Estudió Comunicación Social y Jurisprudencia. Estuvo en la Asamblea Constituyente de Montecristi por el Movimiento Alianza País. Este año fue electa legisladora por Azuay, por la misma agrupación. Actualmente es parte de la Comisión de Biodiversidad.
¿La sanción administrativa tiene que ser eliminada?
Hay que hacer una revisión del proyecto. Incluso, hay algunos temas confusos como las atribuciones del Consejo de Comunicación. Hay que tener en cuenta que contamos con el Código Penal y cuando la prensa cometa un delito allí está esa vía.
El Consejo en otros países vela por el derecho a la comunicación, pero en el proyecto es sancionador.
Esa debe ser su atribución, más que la supervisión, vigilancia y control desde una perspectiva inquisidora que es la que se está planteando en el proyecto. Esa es una falla y un capítulo que merece ser replanteado. Si hablamos de un sistema de comunicación y de un consejo, lo menos que esperamos es que la comunicación sea vista como un derecho y no una vía de sanciones.
¿La comunicación es un derecho o bien público?
Es un derecho porque está consagrado en una Constitución garantista como la de Montecristi.
¿Por qué no comparte la idea del registro de medios?
No es necesario. No entiendo a qué se refiere un registro. ¿Será posible registrarlos a todos? Varias formas de comunicación: blogs y los medios que circulan por Internet se escaparán de este registro. Eso refleja su inutilidad.
¿Qué le sobra al proyecto?
Las sanciones. Creo que las facultades del Consejo son exageradas y ese cálculo debía hacerse antes para evitar distorsiones.
¿El proyecto fue pensado para los grandes medios?
Por un lado, creo que Ecuador no vive un monopolio de las fuerzas de comunicación como en Colombia o en Perú. No se puede hablar de grandes medios. Pero quiero ser enfática en que la prensa del país no está dispuesta a autorregularse. Una prueba es que ha tenido muchos años para generar el debate y autorregularse y no lo ha hecho. Los medios le están debiendo al país.
El ciudadano puede hacer ese control. No compra determinado diario, cambia de emisora o de canal.
Pero tenemos medios que, de alguna manera, actúan como actores políticos. A mí me parece más adecuado, más sano contar con medios que claramente visibilicen su posición política. No creo en la objetividad pura, esta es imposible en comunicación. Pero sí creo que debemos sincerar a los medios.
¿Qué le faltó al proyecto?
Hay varios temas directos de la comunicación: la publicidad, las agencias internacionales de prensa, dar mayores derechos para los periodistas y especialmente hablar de la investigación periodística. Estos temas deben ser incluidos de una forma más técnica dentro de la Ley.
¿Por ejemplo?
Respaldar y promover la investigación periodística. Esa debería ser una de las políticas del sistema y de las atribuciones del consejo. Lo que esta Ley debe garantizar es que en los próximos años el Ecuador tenga un nuevo periodismo. Un periodismo más comprometido y menos visceral.
¿Cómo llegar a un periodismo más profesional?
Es una cuestión personal de asumir esa responsabilidad social. Pero necesitamos una Ley para generar políticas. La nueva Constitución tiene que ser vivida por todos los ciudadanos. Antes de que se instale la Asamblea se decía que una nueva política necesita un nuevo periodismo (…).
¿Hay división en Alianza País por el proyecto?
La suspensión del debate no debe ser vista desde la mirada de vencedores y vencidos. La responsabilidad de la comisión fue llegar a un acuerdo para que el ejercicio de comunicación sea diferente. Ahora tenemos la oportunidad de consensuar.
¿Tiene futuro la Ley?
El futuro lo hacemos nosotros. La Ley no debe archivarse, es una Ley necesaria para el país.