Rafael Correa obligado a presentarse en la Corte Nacional de Justicia

Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, ingresa a la Corte Nacional de Justicia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, ingresa a la Corte Nacional de Justicia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Fernando Balda (centro) pidió que se aclaren todos los detalles de su secuestro. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El edificio de la Corte estuvo cercado. Al menos 70 policías antimotines llegaron el lunes, 18 de junio del 2018, al lugar, para que la audiencia en contra del expresidente Rafael Correa se desarrollara sin inconvenientes.

Pero luego de que el exmandatario quedara vinculado formalmente a la investigación por el plagio de Fernando Balda, los seguidores de Correa protagonizaron incidentes. En la calle UNP hubo gritos, forcejeos y cinco detenidos.

En el octavo piso de la Corte, en cambio, la jueza Daniella Camacho desechaba el pedido del fiscal general Paúl Pérez de que el exjefe de Estado usara un grillete, mientras duraran las investigaciones.

La asambleísta Jeannine Cruz analiza en EL COMERCIO, la decisión de la jueza Daniela Camacho de vincular al expresidente Rafael Correa en el secuestro de Fernando Balda.

A cambio, la magistrada ordenó que Correa se presente cada 15 días en la Corte de Ecuador. La medida regirá a partir del 2 de julio del 2018. De no hacerlo, la jueza podría dictar una orden de prisión preventiva.

En la sala hubo murmullos. Allí estaban Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Virgilio Hernández, Soledad Buendía y Paola Pabón.

Ellos habían ingresado a la Corte casi al mediodía. La diligencia comenzó a las 13:30.

El fiscal Paúl Pérez fue el primero en intervenir, para sustentar su pedido de señalar al exmandatario como “autor mediato” de los delitos de asociación ilícita y secuestro.

Dentro de los elementos que motivaron la vinculación está la versión rendida por Diego Vallejo, exasesor del Ministerio del Interior.

Allí había mencionado que a finales de mayo del 2011 existió una reunión en el despacho del entonces ministro José Serrano. Según las investigaciones, en ese encuentro se dijo que había una orden de Correa para que trajeran a Balda al país.

El Fiscal también señaló que los testimonios de Rommy Vallejo, exsecretario de Inteligencia, y de Fausto Tamayo, exdirector de Inteligencia de la Policía, demuestran que las órdenes recibidas provenían directamente de la Presidencia.

Tras su exposición dijo que esos datos evidencian que hubo una orden de ubicar a Balda en Colombia, aunque el exjefe de Estado lo negó en su versión del 24 de mayo.

La Fiscalía, además, indicó tener en su poder cinco cartas suscritas por dos de los tres policías detenidos en este caso, que fueron enviadas al expresidente. En las misivas, los agentes le piden al exmandatario que los ayude si llegaran a enfrentar una causa legal tras “cumplir una orden superior”.

Además, el Fiscal mencionó que le llegó un oficio de la Contraloría que revela nuevos datos. En ese documento consta que, a través de las cuentas de Inteligencia, se giraron dos cheques a favor de uno de los policías detenidos, los cuales estaban señalados como “operación secuestro”.

En el documento enviado se confirmó que los cheques, con la numeración 559 y 560, fueron girados de la cuenta corriente Nº 7272917 del Banco del Pacífico por USD 10 000 y 11 280. El titular de esta cuenta bancaria es la Dirección General de Inteligencia de la Policía y ambos cheques son del 6 de junio del 2012, que a su vez fueron cobrados a través de ventanilla un día después.

El órgano de control, además, envió una copia de un documento llamado ‘Anexo 2’, que fue suscrito por el exsecretario nacional de Inteligencia y por el coordinador de Gastos Especiales de esta entidad, en el período del 1 de junio al 31 de agosto del 2012.

El contralor encargado, Pablo Celi, también indicó que la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) no rindió cuentas y, por tanto, no fue juzgada ninguna operación conocida como “Wilson”.

Celi señaló que la información fue desclasificada con el aval del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Tras exponer todos los elementos, el Fiscal pidió medidas contra Correa y dijo que no cabía la prisión preventiva, puesto que el expresidente ha demostrado su intención de colaborar y por ello no habría “riesgo” de que no comparezca en el proceso.

La Fiscalía también pidió medidas de protección para Balda y su familia. La jueza aceptó esta petición y ordenó que ningún procesado pueda acercarse a ellos.

Caupolicán Ochoa, defensor de Correa, calificó de “insólita” la resolución de la magistrada y anunció que apelarán.

Cree que no era necesario que la jueza ordene que su defendido venga al país, pues dijo que él sí responderá al proceso judicial. Por ahora anunció que conversará con Correa para conocer qué decisión toma.

Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, ingresa a la Corte Nacional de Justicia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Dentro de este caso, temprano también hubo diligencias en la Fiscalía General. A las oficinas judiciales llegó el exviceministro del Interior, Javier Córdova. Lo hizo a las 10:25 y antes de entrar mencionó que no podrá aportar mucho en las investigaciones, porque no conoce “nada” sobre el secuestro.

El exministro Fernando Alvarado también estaba convocado a rendir versión, pero no asistió. La diligencia estaba programada para las 09:00.

Jairo Lalaleo, uno de los abogados de Balda, informó que Alvarado había pedido que su testimonio sea tomado en Guayaquil, pues esa es la ciudad en la que reside.

Pero la defensa de Balda anunció que insistirán en que la diligencia sea en Quito.

“Es necesario que la fiscal Ximena Mena, que es la que recepta las versiones de este caso, sea quien le haga las preguntas”, sostuvo Lalaleo.

Para el jurista, la comparecencia de Alvarado es importante para conocer sobre una supuesta campaña comunicacional para desprestigiar al exlegislador Balda.

“En un audio que se filtró se escucha a Pablo Romero (exdirector de la Senain) hablar sobre una estrategia para desa­creditar a Fernando Balda. Tendrá que explicarlo”, dijo.

En su comparecencia, Correa dijo que no conocía a Romero, quien tras ser detenido en España quedó en libertad hasta que se concrete el proceso de extradición al Ecuador.

En contexto

Este caso comenzó con el secuestro perpetrado en el 2012, mientras Balda estaba en Bogotá, Colombia. En ese país hay seis personas condenadas por este delito. Todos cooperaron con la justicia de ese país, pero dos entregaron detalles de lo sucedido.

Suplementos digitales