1 de octubre de 2016 00:05

Rafael Correa indultó a 16 procesados; otros se niegan a pedir perdón

El 25 de enero, la Ministra de Justicia entregó el indulto presidencial a Fidel Araujo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El 25 de enero, la Ministra de Justicia entregó el indulto presidencial a Fidel Araujo. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Fernando Medina
fmedina@elcomercio.com

Los tres militares salieron de la Cárcel 4 hace siete días. En ese centro penitenciario debían permanecer un año. Esa fue la pena que la Justicia les impuso por paralizar los servicios del aeropuerto de Quito, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

Sin embargo, no pasaron en prisión ni un mes. El presidente Rafael Correa les otorgó un indulto y eliminó la sentencia. José Analuisa fue uno de los beneficiados. Lleva una semana libre, pero todavía tiene recelo de hablar de este tema.

Ayer conversó con EL COMERCIO durante unos minutos. El uniformado, hoy en retiro, dijo que antes de recibir el indulto conversó con la ministra de Justicia, Ledy Zuñiga.

A ella le entregó una carta y admitió que sí participó en “una manifestación en el aeropuerto Mariscal Sucre”. En el texto ofreció disculpas al “Jefe de Estado y al pueblo ecuatoriano” por esos hechos.

Byron Riera y Enrique Hinojosa también escribieron documentos similares: aceptaron públicamente que cometieron un delito y presentaron sus disculpas a los afectados.

Esos dos requisitos deben cumplir un procesado para acceder al perdón de la pena. También es necesario que la sentencia esté ejecutoriada y que tengan buena conducta dentro del centro de penitenciario. Así lo estipula el Art. 74 del Código Penal.

Por los hechos del 30-S, que hoy cumple seis años, 16 per­sonas han recibido el indulto. De esas, 15 solicitaron voluntariamente esa figura.

Solo Fidel Araujo no aceptó que cometió el delito. Tampoco ofreció disculpas al Presidente. Ayer habló con este Diario y lo volvió a ratificar.

El coronel (r) advierte que nunca solicitó la eliminación de la sentencia, pues siempre se ha considerado inocente.

Sin embargo, la Justicia lo encontró culpable de ‘incitación a la rebelión’. Recibió una sentencia de tres años de cárcel.

El caso de Araujo es especial, pues su perdón fue concedido bajo oficio. Esta figura apareció en diciembre pasado, cuando el Primer Mandatario, a través del Decreto 861, reformó el Reglamento para la concesión del indulto. El cambio más importante fue el reemplazo de la frase “solicitar el indulto” por “el otorgamiento”.

Es decir, el Jefe de Estado puede eliminar una pena sin solicitud previa.

De allí que el 25 de enero pasado, Araujo quedó libre por decisión personal del Presidente. Actualmente, Araujo vive en el valle de Los Chillos y trabaja esporádicamente como asesor en comunicación.

El oficial revela que no puede acceder a un cargo público, por su condición de indultado.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, mantuvo una entrevista con este Diario y dijo que eso no es así. Según la funcionaria, la condición de indultado no vulnera ningún derecho.

Zúñiga también comentó que, hasta el momento, el Presidente no ha negado ninguna solicitud de indulto por el 30-S.
“Lo importante es que acepten el delito y pidan disculpas, de esta manera se cierra un capítulo tan triste de la democracia ecuatoriana”, afirmó.

La Secretaria de Estado incluso recuerda que el Jefe de Estado ha perdonado a personas que durante la sublevación policial intentaron agredirlo.

Ese es el caso de los policías Luis Bahamonde y Jaime Paucar, quienes fueron sentenciados a dos años de prisión, acusados de magnicidio. Ellos quedaron libres en marzo del 2015, tras recibir el indulto. Hugo Aulestia, abogado de los dos agentes, dice que los uniformados solicitaron el perdón “por amor a sus familias”.
Bahamonde pidió la baja de la institución y Paucar sigue como agente en Galápagos.

Seis años después del 30-S, aún hay 25 juicios activos. Además, 222 personas han sido declaradas culpables y 76, inocentes. 

Según el Ministerio de Justicia, “entre los sentenciados existen personas que ya han iniciado el proceso para solicitar un indulto”.

Pero hay quienes no ven en esta figura una opción. Ese es el caso de al menos 20 uniformados a los que defiende Patricio Armijos. Él dice que el indulto es una estrategia del Gobierno para que las personas acepten su culpabilidad. Además, advierte que el Min. de Justicia ha ofrecido a sus defendidos esta opción.

Lo mismo opina Luis Santillán, un militar sentenciado por la paralización de servicios en el exaeropuerto de Quito.
Él no piensa pedir perdón. Sin embargo, las autoridades desmienten que esto sea así y aseguran que es un trámite únicamente voluntario.

En contexto

Tras seis años de la sublevación policial, en la Fiscalía continúan cuatro indagaciones abiertas. Esas investigaciones están relacionadas con las ­muertes de Froilán Jiménez, Jacinto Cortez y Edwin Calderón; y con el intento de golpe de Estado.

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