20 de enero de 2018 00:00

Rafael Correa y Galo Chiriboga deberán testificar en juicio por lavado

Chiriboga confirmó que sí asistirá al juicio en contra de Mosquera. Foto: Archivo / EL COMERCIO y AFP

Chiriboga confirmó que sí asistirá al juicio en contra de Mosquera. El 24 de abril del 2017, Correa sostuvo que el pago de USD 1 millón de Odebrecht a Mosquera fue un acuerdo “entre privados”. Foto: Archivo / EL COMERCIO y AFP

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Sara Ortiz

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El juicio que se sigue en contra del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera por el caso Odebrecht arrojó novedades el viernes, 19 de enero del 2018. Tras un pedido planteado por la defensa del exfuncionario, el juez nacional Édgar Flores dispuso que se llame a testificar en este proceso al expresidente Rafael Correa y al exfiscal Galo Chiriboga.

El miércoles, en el primer día de la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía se opuso a que se recoja el testimonio del exjefe de Estado, pues aseguró que él ya se había pronunciado públicamente sobre la investigación de Mosquera.

El 24 de abril del 2017, Correa sostuvo que el pago de USD 1 millón de Odebrecht a Mosquera fue un acuerdo “entre privados”. Y rechazó que esa transferencia haya sido por sobornos.

“Anoten las fechas para no jugar con estas cosas, para ser precisos, ese es su deber como medios de comunicación. Alecksey Mosquera recibe ese pago en febrero del 2011. Para entonces ya no tenía nada que ver con el contrato de Toachi-Pilatón y no era funcionario público”, sostuvo el entonces Presidente. “¿Dónde está el problema?”, preguntó.

Tras ese pronunciamiento, la Fiscalía rectificó la información entregada antes y negó que el millón de dólares había sido pagado por el proyecto Toachi-Pilatón.

Ahora, Correa deberá testificar bajo juramento. El viernes, dentro en ese proceso legal, el juez Flores llamó a juicio a Mosquera, a su padre Antonio Mosquera, a su tío político Marcelo Endara y a su socio Santiago Játiva.

Este último se encuentra prófugo de la justicia y mientras no sea detenido el juicio para él está suspendido. Los cuatro fueron acusados por la Fiscalía por haber supuestamente participado en el lavado del millón de dólares.

Chiriboga confirmó que sí asistirá al juicio en contra de Mosquera. “Si me llaman a declarar tendré que llevar los documentos que están en el expediente”, sostuvo.

Para el abogado de Mosquera, Franklin Arévalo, los dos testimonios son “completamente útiles y pertinentes” en su estrategia de defensa, pues “podrán aportar que este proyecto hidroeléctrico fue concesionado mucho antes de que Alecksey Mosquera fuera ministro de Electricidad. Es decir, jamás influyó ni pudo hacerlo en la construcción de Toachi-Pilatón”, dijo ayer.

Según la Fiscalía, Odebrecht transfirió el dinero al exministro desde su ‘offshore’ Klienfield hacia la cuenta de la empresa Tokio Traders, cuyo representante era Endara y el beneficiario Mosquera. Los pagos se realizaron en Andorra (en Europa), en el 2008, cuando Mosquera todavía era ministro.

Ese dinero permaneció tres años en la cuenta, hasta que en el 2011 una parte de los fondos se habría usado para comprar maquinaria en el extranjero, que luego fue importada al país.

El abogado de Mosquera resaltó el viernes que hasta el momento la maquinaria no ha sido localizada ni incautada. “No se sabe dónde está”.

Dentro de la investigación, el 24 de abril de 2017, la UAFE remitió un documento en el que consta, por ejemplo, que Mosquera manejó dos cuentas bancarias, una de ahorros y otra de crédito.

También se reveló que del 2010 al 2014 el exfuncionario registró ingresos por USD 186 886. Pero en el 2011, año en que supuestamente movió el dinero de Odebrecht, él apenas reportó ingresos por USD 128 597.

Ahora, la Fiscalía asegura que a partir del 2011 el millón de dólares se dispersó en más de 28 trasferencias dentro y fuera del Ecuador. Y que Auto Servicios Rush, empresa de Mosquera padre y Játiva, importó bombas de calor, bombas de circulación y medidores de presión desde los EE.UU. y China.

Esta maquinaría habría sido adquirida en USD 141 964 en el 2011. Según la investigación, los bienes se introdujeron al Ecuador entre agosto de ese año y agosto de 2015. “Es decir, así se materializaría el ingreso de activos de origen ilícito”, dijo el Fiscal.

Ayer, el juez ordenó que se incauten de las cuentas que los procesados tienen en Panamá, EE.UU. y Ecuador.

En contexto

El Código Orgánico Integral Penal sanciona el lavado de activos con penas que oscilan entre 10 y 13 años de privación de la libertad cuando los fondos ilegales son superiores a los 200 salarios básicos (USD 77 200 actualmente).

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