13 de mayo de 2016 19:42

El Presidente reiteró que no se permitirá construir en zonas de riesgo

Derrocamiento de edificios colapsados en el centro de Pedernales. Foto: Antonio Salazar / EL COMERCIO

Derrocamiento de edificios colapsados en el centro de Pedernales. Foto: Antonio Salazar / EL COMERCIO

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Ana María Carvajal

Durante el Gabinete Ampliado realizado este viernes 13 de mayo del 2016, el presidente Rafael Correa se refirió a la seguridad en las construcciones como un requisito indispensable para la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril.

Según la agencia Andes, el Presidente recalcó que es necesaria una actitud firme para no ser "cómplices de futuras desgracias" y adjudicó al incumplimiento de las normas previstas en la ley para construcciones seguras la cantidad de víctimas mortales que llegó a 660.

Para Correa, muchas vidas se hubieran salvado si los municipios hubiesen realizado un mejor control en años y hasta décadas pasadas, para evitar que la gente construya en zonas de riesgo, no aptas para levantar edificaciones.

Por ello, Correa dijo que esta vez no se repetirán errores de ese tipo y mencionó la importancia de no olvidar la devastación que dejó el movimiento telúrico en gran parte de Manabí , la zona sur de Esmeraldas y otras provincias como Los Ríos o Guayas, por ejemplo.

Para el Mandatario es necesario que la gente que vive en esas zonas e insiste que quiere construir en sitios de riesgo entienda que no se permitirá que lo hagan. “Esto no es a la carta, estamos en una emergencia nacional”.

Al Gabinete también acudió el vicepresidente Jorge Glas, quien destacó que entre los primeros pasos estará organizar a las personas que se han ofrecido como familias acogientes y gestionar este bono y el de arrendamiento, para que los damnificados puedan vivir en mejores condiciones. Ellos, precisamente, serán los primeros a ser tomados en cuenta para trabajar en las obras de reconstrucción, apenas se inicien.

Glas dirige el Comité de Reconstrucción, por delegación del presidente Correa, vía decreto ejecutivo. La herramienta principal de trabajo será el Registro Único de Damnificados, en el que está trabajando el Instituto de Estadística y Censos (INEC). Solo quienes estén en ese listado podrán acceder a los beneficios.

Los bonos están establecidos de la siguiente manera: USD 135 para arrendamiento y familias acogientes. En este último caso se agregaría USD 15, para el pago de servicios básicos, según el sitio web del periódico oficialista El Ciudadano. El dinero para financiar estas ayudas económicas saldrá de "las líneas de contingencia" que envió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las personas que perdieron su vivienda propia o arrendada recibirán un monto de USD 10 000, bajo el criterio de corresponsabilidad. Es decir que ese será un incentivo económico, pero además deberán pagar USD 1 000 como copago. Este monto no será necesario si la familia debe ser reubicada, explica el medio gubernamental. A cambio de esos USD 1 000 recibirá las escrituras del terreno. 

Habrá un monto adicional de USD 1 200 para realizar adecuaciones de las viviendas en donde habitarán personas con discapacidad.

Otro rubro establecido es de hasta USD 4 000 para reparaciones en viviendas en las cuales esto sea posible, pero los dueños deberán correr con el 10% del valor.

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