13 de mayo de 2017 17:47

Rafael Correa defendió TBIs y Código de Entidades de seguridad

El presidente Rafael Correa llegó a Montecristi para presidir el gabinete itinerante 122, el último de sus diez años de gestión. Foto: EL COMERCIO

El presidente Rafael Correa llegó a Montecristi para presidir el gabinete itinerante 122, el último de sus diez años de gestión. Foto: EL COMERCIO

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Agencia AFP
y EFE

El presidente Rafael Correa defendió la decisión de la Asamblea Nacional de denunciar 16 Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y advirtió a los embajadores extranjeros por "criticar las decisiones soberanas" del país.

Sobre los diplomáticos Correa señaló en su rendición de cuentas semanal que "aquí no vienen a opinar y, si tal vez se sienten afectados en sus intereses, hay los mecanismos adecuados con la Cancillería, no es que van a ir a (...) los medios de comunicación a dar entrevistas a criticar las decisiones soberanas del país".

"Pero ahí el embajador italiano salió declarando que era un escándalo no solo económico sino político, rasgándose las vestiduras", agregó Correa en el que fue su último programa de Enlace Ciudadano, ya que el próximo 24 de mayo finaliza su mandato.

El embajador de Italia en Ecuador, Marco Tornetta, declaró en una entrevista en el diario El Expreso que la denuncia en la Asamblea del país de varios TBI, entre los que se encuentra el de la nación transalpina, "es una catástrofe política antes que económica". Tornetta comentó que él, junto con "otros embajadores" acudieron a la Asamblea Nacional donde les explicaron "que las cláusulas de arbitraje son inconstitucionales".

"La pregunta que tenemos es por qué denunciar un tratado por una cláusula? Si hay un problema se debe negociar la cláusula. Punto. Es una señal negativa, en contracorriente con el acuerdo multipartes", añadió en la entrevista con el rotativo guayaquileño.

Reveló también que "en los próximos días" se reunirán con Correa "para comprender la hoja de ruta" ya que, dijo, "queremos una situación transparente para tranquilizar a los mercados".

Correa pidió al canciller Guillaume Long darle "unas pastillas de ubicatex a ciertos embajadorcillos". "Yo seré presidente hasta el 24 de mayo y si tengo que mandar a su casa a uno de estos embajadorcillos no dudaré un segundo compañeros", aseguró.

Por su parte Long, presente en el programa que tuvo lugar en Jaramijó, defendió que estas denuncias son "parte del Ecuador como país de vanguardia" y aseguró que a los gobierno con TBI denunciados "les hemos dicho (...) que estamos dispuestos a negociar nuevos acuerdos de protección de inversiones". "Para que todo el mundo sienta que puede invertir con seguridad en el Ecuador", añadió.

Entre los países con TBI denunciados están China, Chile, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia o Italia.

La Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones entregó el pasado lunes, tras dos años de estudio, un informe de 700 páginas a Correa en el que concluían, entre otras cosas, que los TBI no contribuyeron a "la atracción de la inversión extranjera al país".

Defendió también que Ecuador se encuentra entre las naciones de las zona "con más TBI" y que "sin embargo" recibió "solo el 0,79 % de la inversión extranjera directa que llega a América Latina y El Caribe".

Correa también se refirió al cuerpo de protección para autoridades que se creará a partir de la aprobación del Código de Entidades de Seguridad. “Es un cuerpo especializado para cuidar autoridades como tiene Estados Unidos. Allá se llama servicio secreto, pero acá (sectores de oposición) le llaman guardia pretoriana, guardia de choque”.

La creación del servicio civil armado para proteger autoridades del Estado fue aprobada el miércoles 10 de mayo por el Parlamento.

La norma, que también incorpora la participación de profesionales civiles dentro del servicio forense y regula las actividades de agentes de tránsito, bomberos y guardias penitenciarios, pasó a consideración del Ejecutivo.

Correa indicó que el uso de cuerpos civiles de seguridad “se aplica en muchos países desarrollados, empezando por Estados Unidos, porque cuidar autoridades es una labor diferente (...) a la del policía, a la del militar que se forma para tratar con enemigos” .

El Servicio de Protección Pública, que dependerá del ministerio del Interior, estará integrado por civiles que “saben normas de emergencia, saben de protección, defensa personal, manejo de armas, pero están especializados para tratar a los ciudadanos, para tratar a la persona protegida”, aseguró Correa.

La oposición considera que el organismo de seguridad civil será usado para “perseguir” a los detractores del gobierno, y argumenta que la Constitución impide formar una “organización armada” al margen de la fuerza pública.

Sin embargo, Correa apuntó que la medida “cumple con la Constitución porque hay un artículo específico que dice que el Estado creará las instituciones especializadas para la seguridad” .

Correa, en el poder desde 2007, dejará el cargo el 24 de mayo, cuando asumirá el exvicepresidente oficialista Lenín Moreno para un período de cuatro años.

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