26 de agosto de 2016 17:15

Rafael Correa emitió Decreto que posibilita hacer 'líquidas' las inversiones del Estado

El presidente Rafael Correa inauguró el 25 de agosto del 2016 la hidroeléctrica Sopladora. Foto: Xavier Caivinagua / EL COMERCIO

El presidente Rafael Correa inauguró el 25 de agosto del 2016 la hidroeléctrica Sopladora. Foto: Xavier Caivinagua / EL COMERCIO

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Mónica Orozco
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El presidente Rafael Correa emitió el 23 de agosto pasado el Decreto 1174 para regular los procedimientos para hacer líquidas las inversiones del Estado en empresas y bienes públicos.

El documento, de cuatro artículos y una disposición final, señala que los recursos que se obtengan se destinarán “al cumplimiento de los objetivos de la planificación nacional”.

Si bien el artículo 316 de la Constitución autoriza la delegación de la gestión de los servicios públicos y sectores estratégicos a empresas mixtas cuando el Estado tenga mayoría accionaria, el Decreto señala que “no existe restricción a la desinversión pública”.

Además, señala que la participación de la iniciativa privada en la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de servicios públicos está regulada por las leyes de cada sector o servicio y, en su falta, por el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción que establece como modalidades para la delegación a la iniciativa privada, a la concesión, asociación, alianza, etc.

Precisamente, el 25 de agosto del 2016 el presidente Rafael Correa anunció que concesionará por 30 años la central hidroeléctrica Sopladora, recién inaugurada esta semana. La obra está valorada en USD 900 millones.

En abril pasado, además, anunció la venta y desinversión en varias empresas y activos públicos como los canales incautados TC Televisión y GamaTV, la aerolínea estatal Tame, Banco Pacífico, Flopec, entre otros.

El Decreto determina que será el Ministro rector del sector al que pertenece el bien el encargado de adoptar las decisiones de política de uso, aprovechamiento o enajenación de actividades o emprendimientos y bienes públicos.

El gerente de la empresa pública será el encargado, en cambio, de preparar los documentos preparatorios sobre los aspectos técnicos, económicos financieros y jurídicos de la operación de desinversión.

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