6 de febrero de 2016 00:00

Correa destituye a la cúpula militar por defender el patrimonio del Issfa

A las 11:30 de ayer, el Alto Mando -respaldado por representantes de los oficiales y de la tropa- dijo que defenderá el patrimonio de los soldados. Foto: Ministerio de Defensa

A las 11:30 de ayer, el Alto Mando -respaldado por representantes de los oficiales y de la tropa- dijo que defenderá el patrimonio de los soldados. Foto: Ministerio de Defensa

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 851
Triste 4
Indiferente 17
Sorprendido 13
Contento 312
Javier Ortega

El respaldo fue unánime. En las primeras horas de la mañana, el Alto Mando militar ya había resuelto convocar a la prensa y dar a conocer la postura de las Fuerzas Armadas.

A las 11:30, Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto, habló durante seis minutos.

Lo acompañaron los comandantes de las tres ramas de la institución y representantes de los oficiales y de la tropa.
“Tenemos la obligación legal y moral de defender el patrimonio del seguro social de las FF.AA”, dijo, en referencia a la
decisión del Gobierno de des­contar USD 41 millones al Issfa.

El oficial leyó un comunicado de dos páginas y recordó que los recursos de la seguridad social militar “les pertenecen a los soldados activos y pasivos y a sus familias”.

Una hora después de esa intervención, el presidente Rafael Correa reaccionó a través de Twitter. El Mandatario utilizó esa red social para anunciar el “cese anticipado” del Alto Mando militar.

“Sepa el pueblo ecuatoriano que el Gobierno paga anualmente al Issfa USD 500 millones. ¿Por 41 millones va a quebrar”, escribió.

La pugna entre el Gobierno y las FF.AA. ocurrió luego de que se hiciera público un informe de 13 páginas de la Procuraduría del Estado. Incluso, los soldados en retiro se manifestaron el miércoles; hubo enfrentamientos verbales con partidarios del Gobierno.

En el documento, la Procuraduría pidió al Issfa y al Ministerio del Ambiente que “rectificaran o modificaran” el contrato de compraventa que ambos entes pactaron el 2010.
En diciembre de ese año, el Issfa vendió 66 terrenos a Ambiente por un monto de USD 48 millones; los predios están ubicados en lo que actualmente se conoce como parque Samanes, en Guayaquil.

Cinco años después de esa venta, la Procuraduría aseguró en el informe que se “inobservó sin justificación alguna” el artículo 58 de la Ley de Contratación Pública.

En ese artículo se dice que el precio de los bienes “se fijará en función del avalúo hecho por los municipios”. Pero fue la Dirección Nacional de ­Catastros la que tasó los lotes en USD 48 millones.

En un segundo análisis, realizado esta vez por el Cabildo de Guayaquil, se fijó el valor en USD 6,4 millones. Es por esto que ahora Ambiente pide la devolución de la diferencia.

Pese al rechazo de las FF.AA., al mediodía de ayer el Gobierno confirmó que descontará los USD 41 millones.

Las autoridades revelaron que el Estado adeuda al Issfa USD 266 millones y que de este valor se debitará el dinero.

No fue el único anuncio. Por la tarde, tan solo tres horas después del cese anticipado del Alto Mando, el Ministerio de Defensa publicó los nombres de la nueva cúpula militar.

El vicealmirante Oswaldo Zambrano reemplazará a Luis Garzón en la jefatura del Comando Conjunto de las FF.AA.

A él lo acompañarán Luis Miguel Castro, como comandante del Ejército; César Merizalde, en la Comandancia de la Fuerza Aérea; y Ángel Sarzosa, como jefe de la Marina.

Las pugnas entre el ex Alto Mando y el Gobierno se evidenciaron hace apenas tres meses. En noviembre del 2015, la cúpula se movilizó y llegó hasta la Corte Nacional de Justicia para apoyar a los cinco oficiales en servicio pasivo que son investigados por perpetrar supuestos crímenes de lesa humanidad, entre 1985 y 1988.

Tras ese episodio, Correa cuestionó a los militares y dijo que su presencia en la Corte fue “desafortunada, inoportuna”.
El Ministro de Defensa, en cambio, les recordó que -por mandato constitucional- las Fuerzas Armadas deben ser obedientes y no deliberantes.

Ayer, Garzón también citó el artículo 372 de la Constitución que prohíbe a cualquier institución del Estado “intervenir o disponer de los fondos y reservas, ni menoscabar el patrimonio” del seguro social.

Ahora, la Contraloría será la que determine si el contrato entre el Issfa y Ambiente fue legal o no. El ente de control dijo en las últimas horas que tardará entre 40 y 45 días en entregar los resultados de ese análisis, cuyas conclusiones son de “cumplimiento obligatorio” para los involucrados.

Garzón, en su intervención de seis minutos, manifestó que las FF.AA. “están seguras” que el “análisis minucioso” que realizará la Contraloría “otorgarán la razón al Issfa”.

En contexto

En 1998, el Issfa compró los predios ubicados en lo que hoy es el parque Samanes, en Guayaquil, para levantar un proyecto inmobiliario. 12 años después, el Ministerio del Ambiente negoció esos terrenos y los adquirió en USD 48 millones.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (171)
No (56)