Durante un conversatorio con los medios de comunicación, en Bahía de Caráquez, el presidente Rafael Correa habló ayer 11 de octubre del 2016, de las empresas de Medicina prepagada y la nueva ley. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) atiende a aproximadamente 110 000 clientes de compañías de medicina prepagada, o seguro privado. Lo que el Gobierno les está exigiendo a estas firmas -según el presidente Rafael Correa– es que paguen por los servicios de salud que el Seguro Social brinda a esos clientes, tal como lo hacen con las clínicas privadas.
“Esas empresas quieren que el Estado les atienda gratuitamente parte de sus clientes y eso no lo vamos a aceptar”, indicó Correa.
La tarde del martes 11 de octubre en un conversatorio con la prensa en Bahía de Caráquez (costa del Ecuador), el Presidente de la República cuestionó lo que llamó el ‘chantaje’ al que las empresas de seguro de salud privado quieren someter al Gobierno, aupadas por comités empresariales.
“Dicen que van a quebrar porque eso les cuesta como USD 70 millones, en otras palabras en su plan de negocio están considerando que un gran porcentaje de sus clientes sean atendidos gratuitamente (por el Estado), es decir subsidiados”, cuestionó Correa.
“Nos quieren chantajear y poner a los ciudadanos en contra, diciendo que van a tener que renovar las pólizas y a suspender los planes corporativo”, agregó el mandatario.
El Seguro Social ha radicado una denuncia por el caso ante la Superintendencia de Control del Mercado, dijo Correa. “Nunca debieron incorporar en sus planes de negocios que el Estado tenía que pagar la atención de salud de parte de sus clientes”, insistió.
El Gobierno estima que unas 900 000 personas en el país cuentan con planes de medicina prepagada o seguro privado de salud y de ellas 400 000 son afiliados al IEES.
Correa agregó que el Estado otorga exoneraciones tributarias a las empresas que contraten planes de seguro de salud privado para sus empleados. Esos incentivos deducibles de impuesto le cuestan más de USD 100 millones anuales al Servicio de Rentas Internas (SRI), informó.