28 de July de 2009 00:00

El R. Civil rechazó un fallo de la Corte de Pichincha

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Los 50 funcionarios del Registro Civil de Turubamba, que fueron  acusados por presunta corrupción,  retornaron a sus puestos de trabajo el lunes 20 de julio pasado.
 
Jimmy Salazar, director encargado de la institución, aseguró que tras la captura de los funcionarios, en febrero de 2009, los empleados que presuntamente trabajan con los tramitadores de Turubamba fueron trasladados a otras dependencias del país. Pero ellos  presentaron un recurso de  protección ante el  Juzgado Quinto de Trabajo de Pichincha. Argumentaron que sus derechos laborales  fueron violentados.

El Juzgado falló en su contra y llevaron su pedido a la Corte Provincial de Justicia. Allí, la  Primera Sala Especializada de lo Penal  falló a  favor de los funcionarios. “Rechazo como la justicia es manejada de forma antojadiza y sinuosa por estos jueces”, dijo el director,  Jimmy Salazar.
 
Ayer, el funcionario presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, para que se revise la decisión. “El traslado de plazas de trabajo es un acción legítima”, refirió.

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