24 de julio de 2017 00:00

Quito Cables: 20 predios se vaciaron de 32 expropiados

Las casas expropiadas en  Colinas del Norte ya están desocupadas. Allí se construirá una estación y varias pilonas. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

Las casas expropiadas en Colinas del Norte ya están desocupadas. Allí se construirá una estación y varias pilonas. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

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Evelyn Jácome

El plazo para que las familias abandonen las propiedades que se expropiaron en San José del Condado para la construcción de Quito Cables, circuito Roldós-Ofelia, se cumplió la segunda semana de julio. Así lo aseguró Juan Pablo Solórzano, gerente subrogante de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Solórzano dijo que se espera que en las “próximas semanas”, los inmuebles se desocupen pacíficamente para que las maquinarias puedan ingresar y continuar con los trabajos.

Hasta el momento, 20 de los 32 predios que fueron expropiados, están liberados. Pero los dueños de los terrenos de San José del Condado se niegan a abandonar sus casas.

Quito Cables, que pretende solucionar la movilidad de más de 180 000 personas que viven que los barrios del noroccidente, motivó el rechazo de los habitantes de este populoso barrio del norte donde hubo nueve expropiaciones.

El Municipio no llegó a un acuerdo con los dueños por lo que debió consignar el valor correspondiente a la indemnización en la cuenta de la Judicatura, explica Solórzano.

Una vez realizados los pagos de los valores, con el certificado del depósito, el Municipio inició una demanda por cada predio en el Contencioso Administrativo. Esta busca que los afectados acojan el valor. Pero, pueden negarse e iniciar otra demanda pidiendo un precio justo para ellos.

Ninguno de los nueve propietarios que se negaron a negociar han dado su brazo a torcer. Patricio Molina, de San José del Condado, es uno de los afectados. Asegura que no ha recibido el pago por su bien. “Le pedimos al Alcalde que se reúna con nosotros y que nos demuestre que el proyecto sirve. Nosotros tenemos estudios que demuestran lo contrario. Queremos llegar a un consenso. Y hay varias opciones como terminar la Machala, una salida a la Córdova Galarza”.

Solórzano asegura que se analizaron esas opciones, pero son soluciones viales que benefician solo a quienes tienen auto particular y no solucionan el problema de movilidad.

“Un intercambiador puede costar entre USD 15 y 20 millones y hubiese necesitado más expropiaciones que las que se hicieron para hacer el proyecto Quito Cables”, asegura.

La propiedad de Molina tiene 466 metros de terreno y 230 de construcción. Su avalúo, dice, es de USD 320 000. Pero el valor catastral es USD 130 000. “Vendí mi auto y compré un terreno de 130 m², en una calle cercana, en USD 40 000.

Según Solórzano, más allá del proceso legal que afinará el monto a pagar, la expropiación ya es un hecho y los predios ya le pertenecen al Municipio.

Aparte de los nueve propietarios con los que no se llegó a un acuerdo, hay seis predios en los que no se pudo ubicar al dueño, a pesar de que el Municipio hizo publicaciones en medios impresos y ha buscado la forma de encontrarlos. En esos casos también se consignó el valor de la expropiación en la cuenta de la Judicatura. Eso, garantiza que esas personas cobren esos valores.

El presupuesto general para las expropiaciones bordea los USD 2,6 millones. De ellos, en los 15 casos en los que se inició el proceso legal, se han consignado USD 1,2 millones.

A los dueños de los 16 predios con los que sí se llego a un acuerdo, se les depositó en sus cuentas el valor correspondiente que alcanza los USD 665 243. El gerente explica que una ventaja de negociar fue que los dueños recibieron hasta el 10% más de lo estimado.

Celso Mesa, gerente de la Cooperativa Caminos a la Libertad, asegura que las dos expropiaciones en su barrio fueron negociadas de manera pacífica. Una de sus vecinas recibió USD
90 000 por una casa en un lote de 180 m². La mujer salió y compró otro lote en el sector donde ya construye.

El otro lote tenía una mediagua de madera de 25 m², por lo que reconocieron USD  17 000; mientras que por el terreno se depositó 11 000 más.

Solórzano asegura que si no desocupan los predios expropiados, la ley respalda la desocupación forzosa. Se espera que esto no sea necesario. “Apelamos a que el tema sea voluntario. No queremos llegar a ese punto”, finalizó.

Según el Municipio, está previsto que Quito Cables funcione a finales del 2018.

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