29 de May de 2012 00:03

Volqueteros y mineros piden reapertura de las canteras

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Desde la mañana de ayer, conductores de volquetas y administradores de canteras iniciaron una protesta en la av. Córdova Galarza, en el norte del Distrito.

Representantes de los manifestantes descartaron un posible cierre de la transitada vía. Decenas de volquetas permanecían estacionadas a lo largo de la av. Córdova Galarza. El tránsito vehicular no fue suspendido.

Los dueños de los vehículos, trabajadores y administradores de las canteras, piden al Municipio la reapertura de las minas.

Según un informe del vespertino Últimas Noticias, de las 102 canteras ubicadas en las 33 parroquias rurales del Distrito, solo dos (Colibrí 1 y Colibrí 3, ubicadas en Píntag) cumplen los requisitos para seguir funcionando. Tras una serie de denuncias, el Cabildo conformó una Comisión Especial de Canteras, presidida por el concejal Alonso Moreno.

Alrededor de 5 000 personas vinculadas de forma directa e indirecta a esta actividad estarían siendo afectadas tras la suspensión de los trabajos.
Entre las denuncias también se incluyeron las de los moradores de las zonas aledañas, que se quejaron por la contaminación ambiental y la falta de cuidado y control en el transporte del material.

Andrés Zúñiga, administrador de la mina El Desierto, aseguró que los dueños de las canteras no se oponen a la regularización. “Lo que pedimos es que nos den un plazo prudencial para tramitar los permisos ambientales. Hasta tanto, se debe levantar la clausura de las canteras”.

Según el diagnóstico de la Comisión Especial de Canteras, el trabajo en estos sitios es antitécnico e indiscriminado.
Zúñiga aseguró que para la obtención de los permisos ambientales y de funcionamiento se requiere de entre ocho y 12 meses.

Otro de los problemas que señalan los manifestantes es que el funcionamiento y control de las canteras depende de tres entidades: Ministerio de
Recursos Naturales, Ministerio del Ambiente y Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano.

La propuesta de los mineros es que sea solo una entidad la que se encargue de la regulación y el control para facilitar los trámites.

Tras varias reuniones con autoridades municipales aún no hay acuerdos definidos. Eduardo Baroja, representante de los volqueteros, aseguró que la protesta se mantendrá de forma indefinida hasta que se defina una salida al problema. “El transporte de material es la única fuente de ingresos de al menos 500 familias”.

Aseguró que la paralización de la explotación en las canteras ha favorecido a la especulación.

Esto lo confirmó Eduardo Castro, gerente general de Eco y Arquitectos, una de las constructoras más grandes deQuito. Informó que en las minas de
San Antonio 1 m³ de arena y ripio se cotizaba, antes del cierre, a USD 3. “Hoy, en las ferreterías de Quito se consigue a USD 21”.

Tras una reunión entre autoridades y representantes del sector no hubo un acuerdo definitivo. El edil Patricio Ubidia, miembro de la Comisión
Especial de Canteras, dijo que el Cabildo no va a aceptar medidas de presión y se propuso la culminación de la protesta en la Córdova Galarza antes de profundizar en la discusión de alternativas. Pero los dirigentes de la medida aseguraron que no declinarán. Las autoridades se comprometieron a revisar los procesos de transferencia de competencias y procedimientos para la obtención de licencias ambientales, para agilitar el trámite.

Además, se iniciará un proceso de regularización del transporte de carga para que circule en horarios que no afecten al flujo vehicular y se ejercerá más control sobre la carga del material pétreo.

Baroja reiteró que no se suspenderá la protesta hasta que se llegue a un acuerdo mutuo.

Sobre las canteras

Por la avenida  Manuel Córdova Galarza pasaban diariamente entre 800 y 1  000 volquetas cargadas. Una volqueta carga hasta 15 metro cúbicos.

Actualmente, la mayor  parte del material pétreo para la construcción llega desde  Píntag y  Otavalo.  

Desde noviembre del 2010 el Municipio   tiene las competencias de regularización y seguimiento ambiental de las canteras dentro de su jurisdicción fuera de las áreas protegidas.

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