4 voces apoyan que el Municipio maneje el suelo

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Mayra Capón V. Coordinadora

En Quito, continúa el debate generado por el borrador de Ley de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso del Suelo. Las críticas apuntan a la pérdida de autonomía, por parte de los municipios, mientras los espaldarazos destacan el orden que se quiere dar al crecimiento de las ciudades.

Pese a las diferentes posiciones, los consultados concuerdan que la gestión del uso del suelo debe seguir en manos de los municipios. La cercanía que tiene con los ciudadanos es el principal argumento.

La asambleísta Paola Pabón, de la Comisión de Gobierno Autónomo, Descentralización, Competencias y Organización Territorial de la Asamblea, está entre estos últimos. Dice que otro logro sería dar un marco general y una definición clara sobre el uso de suelo para los municipios.

En esto concuerda Augusto Barrera, alcalde de Quito. Dice que esta ley debe defender las arbitrariedades o ilegalidades en la conformación de las ciudades. Pone el ejemplo de que, en el caso de Quito, con esta norma no se hubieran construido los barrios irregulares sobre la avenida Occidental.

La mayor parte de invasiones en el Distrito fue en los 70 y 80. En el 2013 se creó el programa Regula tu Barrio, que incluyó la visita a 547 sectores.

Para la exconcejal Wilma Andrade, esta ley puede ser una herramienta de ayuda, en especial para los cabildos pequeños que no cuentan con una normativa siempre que no se inmiscuya en la gestión local.

Quito tiene un plan de ordenamiento territorial (2012-2022). Este contiene las directrices de planificación hasta el 2022. Su objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Pese a esta normativa hay cuestionamientos.

Handel Guayasamín, presidente del Colegio de Arquitectos, dice que un claro ejemplo fue la inauguración del aeropuerto en Tababela sin las vías de conexión necesarias. Para él, hay marcos legales que ya regulan a los municipios como la Constitución y el Código de Ordenamiento Territorial.

Pregunta ¿por qué no se perfeccionan estos instrumentos? A su juicio se debería potenciar la gestión que le corresponde a los gobiernos locales. Hay muchos mecanismos y asesoramiento en este campo.

Un control cuestionado

El borrador de la ley contempla la creación de la Junta de Territorio y Suelo y la Superintendencia del ramo, que tendría competencia incluso para sancionar a los Gobiernos Autónomos que no cumplan con las normativas técnicas.

El exalcalde y asambleísta Paco Moncayo cuestiona esta parte porque vulnera la autonomía. Argumenta que la Constitución en el Art. 264 establece que es deber del gobierno municipal planificar el desarrollo del cantón y realizar los planes del ordenamiento territorial. Además es competencia del Concejo el control de territorios. El alcalde electo Mauricio Rodas defendió, también, la autonomía municipal.

Pabón responde que el mismo artículo dice que los planes de desarrollo deben estar articulados con la planificación nacional, regional, parroquial... "No intenta violentar la autonomía de los GAD. "No se va a decir a un municipio cómo ordenar el suelo urbano y rural, pero sí que cuando lo califique, debe tener ciertas condiciones, como servicios básicos".

Para Wilma Andrade, hay generalidades en el tema del control. Un aspecto negativo sería una intromisión en lo local. Es decir, si mañana el Municipio decide levantar un colegio o escuela en determinada zona, debería o no consultar a la Superintendencia. Y si esta no, autoriza, el Cabildo no puede refutar sino que debe acatar.

Ella recuerda que en su época el Concejo decidió que Carapungo y Quitumbe sean residenciales. Se pregunta si con esta nueva ley, el Municipio pudiera tomar estas decisiones. Pabón asegura que el borrador está 'verde', falta perfeccionarlo. Están pendientes temas como el de la plusvalía.

Barrera sostiene que la ley debe defender a los ciudadanos de la especulación.

En contexto

Desde que se conoció el borrador de la Ley de Ordenamiento Territorial, la polémica se genera por la real autonomía que tendrían los alcaldes. Esto, porque la norma plantea crear la Junta de Territorio y Suelo y la Superintendencia de Suelos para el control.

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