12 de July de 2011 00:52

Veeduría cuestiona la política de seguridad, el Cabildo la defiende

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La veeduría ciudadana que analizó el uso de los recursos provenientes de la tasa de seguridad, concluyó que el Cabildo debe definir el concepto de seguridad y cuál es el servicio que presta con el dinero recaudado, porque no está fijado claramente en la Ordenanza.

El estudio estuvo a cargo de la Fundación Marcha Blanca y se realizó sobre los montos recaudados entre el 2003 y el 2009 (USD 38,6 millones). Empezó en octubre del 2010 y finalizó en mayo de este año.

Lourdes Rodríguez, sercretaria de Seguridad del Municipio, al referirse a las políticas de seguridad, aseguró que hay una agenda metropolitana clara. Los principales ejes son tener una Policía descentralizada y una atención de justicia territorializada. “Hay una agenda que consta de una serie de políticas y que están en un documento publicado”.

Raúl Franco, coordinador de la veeduría, dijo que el Municipio -pese a que no tiene las competencias en materia de seguridad- tiene una responsabilidad como gerenciador y coordinador de las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad en la urbe. Eso, porque cobra una tasa a la ciudadanía.

Las ocho personas que trabajaron en la veeduría establecieron que era importante que en la ciudad se manejaran políticas públicas que permitieran la elaboración de proyectos para reducir los índices de delincuencia. Para Franco, ni en Quito ni en el país hay políticas claras al respecto.

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Los veedores también consideraron inadecuado que en Quito formen parte de un solo lineamiento los planes sobre delincuencia y los que se diseñan para afrontar desastres naturales, incendios y otros.

Para Rodríguez se trata más bien de una visión integral de la ciudad, pero eso no significa que ambas áreas estén mezcladas. “En esta dependencia hay una Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana y una Dirección Metropolitana de Riesgos. Ambas trabajan independientemente”.

El análisis de la veeduría señala que los recursos para mejorar la seguridad provienen, además, de un aporte del Estado y de convenios del Municipio con otras entidades. El 62% de ese dinero se invierte en equipar a la Policía Nacional, en las Unidades de Policía Comunitaria (UPC).

La recomendación es que se debe levantar un diagnóstico de cuáles son los problemas de seguridad en Quito por zonas y a partir de esos resultados definir metas cuantificables a futuro.

Según Franco, en Quito se han implementado herramientas como Ojos de Águila, la central de emergencias o las UPC, bajo el modelo que se emplea en ciudades colombianas. Pese a que han sido de utilidad, el veedor cree que es necesario que ahora se diseñen proyectos que surjan de la realidad de Quito.

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El estudio destacó el trabajo del Observatorio Metropolitano de la Seguridad, que según Rodríguez, es el único con estas características en el país. Franco explicó que solo el 20% de personas afectadas por la inseguridad presentan sus denuncias.

Mientras la veeduría presentaba los resultados del estudio, el alcalde Augusto Barrera se reunía con el comandante de la Policía en el Distrito Metropolitano.

El Burgomaestre presentó el reporte de violencia y delitos de mayor incidencia. El robo y asalto a personas se incrementó en un 15%, en el primer semestre de este año. Además, se detectó mayor violencia en los robos a domicilios y en locales, y nuevas formas de delito como el sicariato.

Barrera dijo que entiende las dificultades que tiene la Policía para cumplir su labor, como la falta de personal. “En Quito hay 274 UPC y lo óptimo es que en cada una haya entre ocho y 10 uniformados. Hay un déficit de 600 policías en el Distrito”.

También cuestionó al sistema judicial. Puso como ejemplo los 600 operativos combinados con la Policía y las Fuerzas Armadas para clausurar 1 800 locales de diversión que no tenían permisos, pero al siguiente día los propietarios pidieron recursos de amparo y reabrieron sus locales.

Luego de la reunión entre el Alcalde y el Comandante de Policía, se resolvió fortalecer la aplicación de las ordenanzas respecto del uso del suelo, para no permitir el funcionamiento de bares, karaokes, discotecas, etc., en zonas prohibidas. También, se reforzarán las estructuras de Inteligencia policial y de reacción.

El Alcalde informó que se pedirá al Gobierno Nacional la dotación de más policías para Quito.

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