12 de August de 2010 00:00

La vecindad con un colegio fiscal tiene un alto costo

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Redacción Quito

Los negocios y las viviendas ubicados en los alrededores de los colegios que acostumbran a realizar protestas se cierran cuando hay huelgas y enfrentamientos entre la Policía y los estudiantes.

Eso lo saben los vecinos que viven frente a los colegios Mejía, en el centro-norte; Montúfar, en el sur; y Central Técnico, en el norte. Según los operativos policiales, en el año escolar que terminó (2009-2010), en los tres establecimientos fueron frecuentes las protestas de los estudiantes, por distintas razones.

Ocurrió lo mismo en los locales donde funcionan negocios en la avenida América, frente a la Universidad Central.

Héctor Loor, propietario de una librería, ubicada en las calles Juan Arenas y Vargas, a pocos metros del Mejía, aprendió a convivir con los malos ratos desde hace dos décadas que trabaja en el lugar.

Él asegura que en los dos últimos años, el número de días y semanas que se registraban huelgas ha disminuido. “Hace unos cinco años la pelea era frecuente. Perdíamos dinero porque cerrábamos los negocios. Ya me acostumbré a trabajar así”.

Frente al Colegio Mejía, a lo largo de la calle Vargas y en el inicio de la av. América, hay 14 negocios de diversos tipos.

Son ferreterías, centros de cómputo, cabinas telefónicas y restaurantes. En las cuadras aledañas al colegio, entre las calles Antonio Ante, Juan Arenas y José Riofrío también hay otros locales.

Los propietarios cuentan que durante las últimas semanas del pasado año lectivo (mayo y junio) registraron pérdidas económicas incalculables en los días de protestas. Las huelgas eran hasta de cuatro días a la semana.

Albertina Mendoza, dueña de un centro de cómputo, recuerda que en mayo debió poner dinero de su bolsillo para pagar los USD 300 de arriendo por su local.

“Llegué a perder mucho dinero. Una computadora se dañó por el humo de las llantas y por el gas lacrimógeno”.

Otro vecino que no se identifica para evitar problemas con los estudiantes hace otra denuncia. Él se queja que en todo el año pinta tres veces la fachada de su casa.

A pesar de que pide a sus tres inquilinos que denuncien a los estudiantes que pintan grafitis, no lo hacen. Las leyendas y signos pintados están dibujados sobre la pared y la puerta de su casa. Hay leyendas como ‘Patrón Mejía’.

Los vecinos se unieron para solicitar a la Gerencia de Espacio Público más control en el lugar. Sin embargo, los grafitis aparecieron en los días de huelga.

No son la única huella de las jornadas de protesta. En los ventanales de una vetusta vivienda hay rastros de las piedras que fueron lanzadas por los estudiantes.

Marco Romero, dueño de una vivienda aledaña de cuatro pisos, revela que hace dos años destruyeron cuatro vidrios del segundo piso. Cuando se acercó a conversar con las autoridades del establecimiento, nadie le atendió.

Uno de los policías le recomendó que siga el proceso judicial en la Comisaría Municipal, para que cobre el costo de los vidrios rotos a los estudiantes detenidos durante la protesta. “Cuando llegué todos estaban en libertad. No hice nada y gasté USD 600”.

En el sur, frente al Colegio Montúfar, Fanny Revelo recuerda que la última vez que hubo una protesta fue el 3 de mayo, en el inicio del pico y placa.

Ese día, los estudiantes quemaron llantas viejas y el humo negreó la fachada de las viviendas.

Antes de esa huelga, se realizaron protestas para exigir la colocación de un puente peatonal. “En un enfrentamiento con la Policía, destruyeron algunos ventanales”.

Frente al Montúfar son contados los negocios: tres librerías, locales de comida rápida, cabinas telefónicas, un centro de computo y juegos electrónicos. Sus dueños también son afectados.

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