28 de May de 2012 00:01

Transporte escolar, a regularización

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La regularización de entre 800 y 1 000 unidades de transporte escolar dependerá de una resolución del Concejo Metropolitano. A través de la Comisión de Movilidad, se presentó un proyecto de reforma a la Ordenanza 247, con el cual se quiere normar la prestación del servicio de las unidades de transporte escolar que no tienen los permisos de operación.

Eddy Sánchez, miembro de la Comisión, explicó que el proyecto se basa en el reconocimiento de un servicio que actualmente se ofrece de manera informal y con pocas garantías de seguridad.

De los 417 107 estudiantes que hay en la capital, el 80% (328 734) se moviliza en transporte escolar legal. Según información de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, esta demanda es cubierta por 2 720 unidades, asociadas en 44 operadoras. Sin embargo, la diferencia (88 373 estudiantes) se estarían movilizando a pie, en transporte público y en vehículos particulares, que pueden o no cobrar por el traslado.

Hace seis años, Carmen Ramírez empezó a trasladar a los hijos de sus vecinos en un automóvil Mazda. “Lo hacía porque los buses de recorrido se negaban a entrar al barrio. Unas veces por la distancia y otras por el mal estado de las calles”. El pedido de los vecinos fue más recurrente y cambió su automóvil por una furgoneta Toyota, para 12 pasajeros. Actualmente, ofrece el servicio de transporte en tres escuelas fiscales del norte de la ciudad.

María Sol Corral, miembro de la Comisión de Movilidad, aseguró que al menos 300 unidades de transporte escolar son conducidas por mujeres. Por eso, presentó varias observaciones al proyecto de reforma. “El propósito es garantizar la igualdad de oportunidades y hacer respetar la integración equitativa de las mujeres en las compañías de transporte”. Pidió que se cambie de 20 a dos el número mínimo de personas que se requieren para formar una nueva empresa de transporte.

Ramírez es parte de una precooperativa que agrupa a 28 socios. “La mayoría somos mujeres”. El precio del recorrido lo negocia directamente con los padres de familia y lo que recauda al mes es su principal ingreso económico.

Corral aclaró que la Comisión no ha recibido un estudio técnico que detalle la relación entre la oferta y la demanda. Víctor Bonifaz, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar del Ecuador, insistió en que antes de iniciar la regularización se debe establecer el número de unidades requeridas en base a un estudio técnico.

“Solo así se evitará la especulación de los puestos, la creación de monopolios y una sobreoferta del servicio”, aseguró.

Sandra Pozo, presidenta de la Asociación de Transporte Escolar e Institucional de Quito, dijo que las condiciones establecidas en el proceso serán las que determinen el derecho a la regularización.

Corral estimó que, aprobada la reforma, el proceso de regularización pudiera terminar antes del inicio del nuevo año lectivo. Para eso, la Comisión de Movilidad planteó un cronograma previo de al menos tres meses para la convocatoria, la subsanación y el ajuste técnico de los vehículos.

Mientras se afina el proceso, Ramírez asegura que debe continuar conduciendo por vías secundarias y evitar en lo posible los controles policiales. El Municipio pedirá que se suspendan los controles durante la regularización.

Sobre la propuesta

Según el proyecto de Ordenanza, la autoridad competente determinará el número de vehículos a incorporarse al servicio de transporte escolar, mediante un estudio técnico.

Quienes aspiren a regularizar una unidad deberán estar prestando el servicio de transporte escolar mediante contrato o convenio.

Para la obtención de la habilitación administrativa, el interesado deberá presentar la licencia de conducir profesional.

Según el proyecto, se establece un plazo de tres meses para que los dueños de los vehículos a regularizarse se ajusten a la norma técnica establecida.

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