30 de July de 2011 00:01

En el terreno del Castillo Larrea se planifica construir edificios

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Esta construcción de estilo medieval está catalogada como una edificación histórica por el Instituto Metropolitano de Patrimonio. El proyecto definitivo aún no llega a manos de la Comisión de Áreas Históricas del Municipio, para su aprobación. Así lo ratificó el concejal Jorge Albán, miembro de esa Comisión.

El Castillo Larrea fue construido entre 1935 y 1940, por el arquitecto Rubén Vinci. El dueño original fue el historiador Carlos Larrea. La construcción, en ladrillo, está compuesta por torres, torrecillas, arcos ojivales y un falso puente elevadizo.

En 1995 fue intervenido y catalogado, en la Ordenanza 3050 del 22 de diciembre de 1993, como edificación histórica con terreno edificable. Para María Sara Jijón, miembro del colectivo ciudadano Quito yo me apunto, esas características hacen que esta construcción sea parte de la memoria histórica, arquitectónica y cultural de Quito. Asegura que una posible intervención en el terreno circundante podría minimizar su valor patrimonial, al reducir su visibilidad.

Lauro Nina, del Instituto Metropolitano de Patrimonio, explicó que la edificación tiene protección absoluta. Esto obliga a la conservación de las características originales y su posible recuperación solo a través de intervenciones especializadas.

El terreno inventariado donde se localiza el Castillo Larrea cubre un área de 2 816 m². Sin embargo, Jorge Valarezo, promotor inmobiliario, explicó que luego de un proceso de unificación con un lote en la parte posterior, el área se extendió a 3 760 m².

Aclaró que el Castillo no tendrá intervención alguna y será preservada con el mismo uso actual: oficinas del propietario. “Se construirá un muro de contención subterráneo para proteger la integridad del castillo”.

Para Dolores Montaño, especialista en arquitectura bioclimática y catedrática de la Universidad Católica, el espacio no edificado que rodea al castillo es lo que permite apreciar la arquitectura del mismo.

Las regulaciones municipales establecen un retiro frontal de 5 metros y retiros laterales y posteriores de 3 metros. Además, entre los bloques a levantarse debe haber una distancia mínima de 6 metros. Según Montaño, el cumplimiento de esta normativa debe ser verificado por el Cabildo, antes de dar paso al inicio de las obras. Valarezo ratificó el cumplimiento de esa normativa. El proyecto incluye jardinerías, ornamentación, piletas de acceso público y dos plazoletas.

Por tratarse de un bien patrimonial, el proyecto no fue conocido por la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial. La presidenta de esa Comisión, Elizabeth Cabezas, añadió que un proyecto que altera la configuración morfológica del sector requiere una revisión exhaustiva.

Albán explicó que la Ordenanza 260 permite nuevas construcciones alrededor de edificaciones patrimoniales, levantadas en un amplio espacio de terreno. “En mayo del 2010 se aprobó un anteproyecto sobre la base de un informe técnico”. Aclaró que el proyecto definitivo debe regresar a manos de la Comisión.

Manuel Bohórquez, presidente de la Comisión, en un comunicado, aseguró que “mientras no pase por la Comisión de Áreas Históricas y no estén sellados los planos, su construcción no está autorizada”. Jijón propone una revisión del proyecto en función de equilibrar el entorno arquitectónico.

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